Por Jeremías Batagelj y Matías Ferrari
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. A casi 100 días desde la asunción de Javier Milei, la administración pública se llenó de familiares directos, amigos personales y funcionarios puestos a dedo como prenda de cambio política, a contramano del discurso «anti-casta» que pregona el Gobierno. El decreto 12/2023, que eliminó la prohibición de que familiares directos puedan ser designados en el gabinete y le permitió a Karina Milei asumir en la Secretaría General de la Presidencia, inauguró la saga de nepotismo libertario que siguió con casos en casi todos los ministerios, algunos con escándalo incluido.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le consiguió su «primera chamba» a su sobrino, Federico Sharif, con rango de director. El propio Milei colocó a su abogado y amigo personal, Diego Spagnuolo, al frente de las políticas de Discapacidad, pese a que no tiene ni un curso –ni hablar de estudios o experiencia comprobable– en la materia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, le consiguió un cargo de con un salario de 2.623.650 pesos a su hermano Francisco. Patricia Bullrich no quiso ser menos y designó a Silvia Turetzky, la tesorera de su centro de estudios –investigado por la IGJ por desvío de fondos para la campaña– en Seguridad. Karina abrió el grifo para los familiares de la militante de LLA María Belén Agudiez en la Secretaría de la Presidencia, y la saga –que recopiló Página/12– se completa con el caso fallido de Geraldine Calvella: luego del ruido mediático que generó su designación, finalmente se quedó sin contrato.
El clan Menem
“No es mi sobrino directo, sino un sobrino segundo”. Aquella excusa fue una de las estrategias comunicacionales que usó el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para tratar de justificar el ingreso de otro Menem al Parlamento. Se trató de Federico Sharif, el más jovencito del clan, de apenas 22 años.
La medida se había conocido un par de días antes de que estallara el escándalo del aumento tanto para los legisladores como para los funcionarios del Ejecutivo, Javier Milei incluido. En la resolución 235/24 de Diputados quedó estipulado que Federico Sharif Menem es el nuevo Director General de la Secretaría Presidencial de la Cámara Baja. Por su labor se abonará más de dos millones de pesos. Por Mes. Eso sin contar las actualizaciones de la paritaria.
El clan Menem parece estar satisfecho con el registro de altas y bajas del Estado nacional. Es que además del ingreso del jovencito Federico decidido por su tío segundo Martín, los herederos del expresidente se extienden a lo largo y ancho del país: “Lule” Menem también fue nombrado por el propio Milei para que sea subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de la todopoderosa Karina; Amado Omar Menem fue quien quedo al frente de la delegación del Pami y Eduardo Menem, hermano de Carlos, fue beneficiado por la Corte con una jubilación de privilegio tras su paso en el Senado nacional. En redes, por su parte, Zulemita Menem Yoma es la defensora Nº1 de las políticas públicas que el Presidente dice haber copiado de su ídolo riojano.
Por ahora Carlos Nair Menem no fue convocado para ocupar un cargo. Solo por ahora.
Mi amigo el abogado
Las organizaciones sociales y civiles que desde hace décadas se dedican a la problemática tuvieron que googlear su nombre cuando se enteraron por el Boletín Oficial que Diego Spagnuolo se hacía cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Spagnuolo no cuenta con estudios ni tiene antecedentes ligados a esa área tan sensible y en emergencia –y de la que depende la salud de más de un millón de personas–, pero arribó igualmente a la gestión pública. Y por una sencilla razón: es el abogado personal de Javier Milei, al que defendió en varias causas. La más resonante fue la cautelar que el Presidente impulsó durante la transición con Alberto Fernández para que se dejen sin efecto las últimas licitaciones públicas y contratos del gobierno anterior.
Spagnuolo había sido asesor del polémico Carlos Kambourian —procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Garraham— durante la intendencia de Carlos Ducoté en el municipio de Pilar. Desde ANDIS –donde tal como reveló este diario apenas acude a las oficinas del organismo– maneja una caja que supera ampliamente el billón de pesos.
La tesorera de Patricia
En abril de 2023, la Inspección General de Justicia decretó la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), una suerte de Think Tank y base de maniobras financieras de Patricia Bullrich, que en ese entonces terminaba de ajustar los últimos detalles de su candidatura presidencial. Según informó la IGJ, se habían detectado una serie de “irregularidades” en el manejo de fondos, típicos de este tipo de ONGs vinculadas a la política. Quien puso la firma de las operaciones investigadas por la IGJ –ingresos y egresos de dinero “sospechosos” a través de cenas, eventos y seminarios que se cree fueron a financiar la campaña por unos 90 millones de pesos– fue la tesorera de la fundación, Silvia Turetzky, que hoy es funcionaria pública del gobierno del Milei.
Turetzky, que es contadora pública y también es la tesorera del ex sello electoral propio de Bullrich, Unión por la Libertad, fue designada en el cargo de directora General de Administración del Ministerio de Seguridad a través de la Decisión Administrativa 52 de febrero de este año, con la firma de la propia ministra y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Cobra un sueldo de $2.226.953 brutos al mes.
La bolsa de trabajo de Karina
Una de las primeras decisiones de Javier Milei como presidente fue derogar el decreto 93/2018, que limitaba la designación de familiares directos en cargos jerárquicos del gabinete para que su hermana, sin ningún antecedente en la gestión pública, pueda asumir como secretaria general de la Presidencia, en un caso de nepotismo de manual. Una vez en el cargo, karina se dedicó, entre otras cosas, a convertir a la secretaría en una bolsa de trabajo para algunos familiares ligados a funcionarios de su confianza, y también para dirigentes aliados.
El primer caso que saltó a la luz fue el de Liliana Haydée Clement, quien consiguió una changuita como directora de Evaluación de la Dirección General De Gestión De La Documentación de la cartera de la hermana del Presidente. Clement es la esposa de Alfredo Raúl Parodi, exdirector de Control y Fiscalización del Enacom durante la presidencia de Mauricio Macri.
Bajo la órbita de Karina también encontraron cobijo dos de los primos de María Belén Agudiez, una de las funcionarias más cercanas de la secretaria General. Aguidez es relacionista pública y estudia ciencias políticas en la UADE, además de ser militante libertaria en el partido de San Martín, aunque llegó a las filas de LLA de la mano del legislador porteño Eugenio Casielles, que en su momento fue nexo entre Milei y Ramiro Marra. Se le atribuye una relación muy cercana con Karina, que la premió con un aumento presupuestario y la colocación –que generó polémica interna– de sus primos Javier Sosa y Agustín Expósito, que se conocieron en la misma semana en que la hermana del presidente participó de la cena show de Luis Miguel en el exclusivo Hotel Faena.
Los hermanos sean unidos
Las políticas públicas que imparten Milei y su ministro Luis Caputo precisan de un adorno que sirva de señuelo para distraer la atención. La labor de Manuel Adorni parece calzar a la perfección: día tras día, el vocero presidencial se para frente a la sala de periodistas de Casa Rosada para provocar e intentar darle un sentido a las medidas del gobierno de ultraderecha.
La recompensa, en tanto, Adorni la recibe mes a mes. Mientras despunta su vicio con los videojuegos, el funcionario público puede comprobar que en su homebanking la cuenta sueldo crece con una remuneración similar a la de un ministro nacional.
Sin embargo, no es el único Adorni que rompe el lema gubernamental de “no hay plata”. Porque además del sueldo de Manuel, el Estado nacional abona, mes a mes, los trabajos del contador Francisco -hermano del vocero- quien fue designado como “asesor” del ministerio de Defensa que comanda Luis Petri. Su nombramiento causó revuelo, no sólo porque la justificación de su contratación fue escasa -entre los supuestos fundamentos de la elección solo dice que es “necesario” “en virtud de específicas razones de servicio de este Ministerio”- sino que las Fuerzas Armadas ya vienen caldeadas por una purga decretada por Milei, sumado al reclamo por un plus salarial más la intención de Bullrich y Petri de ser central para “combatir” al narcotráfico en Rosario.
Francisco cobra el total de 5.000 unidades retributivas que, según el convenio colectivo de trabajo de la administración pública, es de 524,73 pesos. El total es simple: un salario de 2.623.650 pesos.
Pero hay más. Tal como reveló Irina Hauser para Página/12, el contador solicitó al Consejo de la Magistratura bonaerense, donde es planta permanente desde 2003, que pueda regresar a su antiguo empleo en caso que quiera dar marcha atrás en Defensa. Todo parece indicar que tendrá luz verde.
Cargos más allá de la sangre
El nepotismo no es el único criterio adoptado que hace ruido a la hora de nombrar funcionarios. Porque Geraldine Calvella no es hija, ni pareja ni prima de ningún funcionario del Gabinete nacional, pero aún así la premiaron con una dirección clave en el Renaper, un área sensible del organigrama nacional.
¿Las razones? En la pata académica parece difícil encontrarlas. Calvella, de solo 23 años, estudia Derecho a distancia, tras abandonar la carrera de Medicina. Tampoco tiene experiencia en lo relativo al desarrollo de políticas públicas o innovación en el registro de las personas. Solo dice haber sido “asesor político” (sic) en Diputados, aunque no figura en qué despacho trabajó. Quizás, entonces, la justificación de su designación habría que encontrar en que la jovencita, oriunda de Saladillo, fue la principal amplificadora de la ultraderecha en la séptima sección electoral bonaerense durante la última campaña.
La Dirección que tendrá a cargo Calvella es la de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas. Y por esa tamaña responsabilidad le será abonado, mes a mes, el remunerativo de 2 millones 700 mil pesos.
“Es una directora de línea, común y corriente”, intentaron desdramatizar en Casa de Gobierno ante la consulta de este diario.
Pero Calvella no es la única. Hacen ruido también algunos nombramientos en el PAMI, desde la designación de un empleado de una clínica en Jujuy (en un claro conflicto de intereses) como en Rosario, en donde Guido Orlandi maneja la oficina luego de declarar, por ejemplo, que “el covid puede ser la respuesta al sistema previsional argentina”, en relación a los altos niveles de mortalidad.
Orlandi reemplaza la frustrada llegada de Martín Tomassini, un gasista y stripper que tenía todo acordado para hacerse cargo de los destinos de los jubilados en la ciudad santafesina por su larga experiencia en, bueno, dejamos acá.
