La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) comienza este martes 2 de septiembre a juzgar al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros siete ex asesores, acusados por la Fiscalía General de la República (PGR) de intentar consumar un golpe de Estado en Brasil.

Los cinco jueces integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) – Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Flávio Dino – estarán al frente de la causa contra el ex presidente Jair Bolsonaro y a otros siete ex asesores, acusados por la Fiscalía General de la República (PGR) de intentar consumar un golpe de Estado en Brasil.

En el caso de la acusación, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, presentó sus alegatos finales el 15 de julio del corriente, cuando solicitó la condena de los ocho acusados por cinco delitos, cuyas penas máximas, sumadas, pueden superar los 40 años de prisión.

– liderar o integrar organización criminal armada;

– atentar violentamente contra el Estado Democrático de Derecho;

– golpe de Estado;

– daño calificado por violencia y grave amenaza;

– deterioro de patrimonio federal protegido.

Según el fiscal, se trata de delitos complejos, ejecutados con el fin de no ser descubiertos o probados. Por este motivo, considera que la tipificación de los delitos imputados es igualmente compleja, formada a partir de una serie de conductas a lo largo de un período prolongado de tiempo, y no de actos aislados.

“Un intento de golpe de Estado, de quiebra de los elementos esenciales del Estado Democrático de Derecho y de ruina de la independencia de los poderes, no puede entenderse sin articular hechos y eventos múltiples, de ocurrencia extendida en el tiempo, que conforman la conducta castigada por la ley”, explica el fiscal en su acusación.

8 de enero del 2023

Para caracterizar los delitos, Gonet otorgó importancia crucial a los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, insatisfechos con su derrota en las elecciones de 2022, invadieron y depredaron las sedes de los Tres Poderes.

“El evento dramático ayudó a resignificar toda una serie de acontecimientos pasados, que antes parecían desconectados entre sí”, escribió el fiscal en sus alegatos finales. “Actos que, hasta entonces, podrían parecer reprobables solo desde el punto de vista moral o electoral, fueron encajados dentro de un plan mayor de ruptura institucional”, agregó.

Gonet sostiene que los actos violentos fueron resultado del complot golpista y solo ocurrieron gracias al estímulo de Jair Bolsonaro, quien manifestó apoyo a los campamentos que, desde el fin de las elecciones, pedían intervención militar, incitación que en sí misma ya constituye delito previsto en el Código Penal.

Para ello, el fiscal general presentó, entre otras cosas, mensajes intercambiados entre el coronel Mauro Fernandes, ex secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia, en los cuales el militar parece actuar como enlace entre el Poder Ejecutivo y líderes de los manifestantes acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.

En las conversaciones, la palabra “churrasco” se usa, según Gonet, como código para el golpe de Estado. Uno de los mensajes recibidos por Fernandes, de un líder del campamento, decía: “estamos yendo a la Explanada, a la manifestación de la Explanada, ¿ok? Eh… y necesito hablar urgente con usted sobre ese… ese asado. Eh… ¿consiguió alguna orientación ahí?”.

Tales comunicaciones, «dejan en evidencia que los movimientos de los seguidores de Bolsonaro no eran espontáneos, sino fruto de orientación previa de la organización criminal”, remarcó.

El fiscal también menciona la visita del general Walter Braga Netto al campamento en el Cuartel General del Ejército, el 4 de enero de 2023, donde transmitió un mensaje de esperanza respecto al golpe. Braga Netto fue ministro de la Casa Civil y de Defensa, y candidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro en 2022.

En cuanto a Bolsonaro específicamente, el fiscal afirma que los hechos del 8 de enero solo ocurrieron debido a la “conmoción social” alimentada por el expresidente, quien desde mediados de 2021 comenzó a poner en duda el proceso electoral, con ataques, sin pruebas, al funcionamiento de las urnas electrónicas.

Gonet describe lo que serían declaraciones coordinadas de Bolsonaro, y afirma que una “secuencia de actos – declaraciones públicas amenazadoras, difusión de falsedades sobre el sistema electoral, ataques reiterados a jueces de la Corte Suprema, articulación con aliados militares y manipulación de investigaciones – compone un engranaje de deslegitimación institucional, cuyo objetivo central era el rechazo anticipado del resultado electoral”.

En ese sentido, afirma que, a partir de ahí, Bolsonaro pasó a actuar de manera coordinada con la organización criminal golpista, con el fin de mantener a sus seguidores previamente insatisfechos con el resultado de las urnas. “Ese escalonamiento de la agresividad discursiva no era episódico ni improvisado. Formaba parte de la ejecución de un plan orientado a la corrosión progresiva de la confianza pública en las instituciones democráticas”, explica.

Defensa

Por su parte, la defensa de los avisados afirman que Gonet no presentó una sola prueba documental que ubique a sus clientes en la escena de los delitos cometidos el 8 de enero de 2023. Según ellos, el hecho de que el fiscal no haya indicado el acto específico de daño cometido directamente contra los edificios públicos impide que los acusados sean culpados por los hechos de aquel día.

El equipo de abogados de Bolsonaro, por ejemplo, afirma que la narrativa de la Procuraduría trata de un “golpe imaginado”, y que, incluso si el expresidente hubiera considerado, en una especie de “tormenta de ideas”, algún tipo de ruptura institucional, la Fiscalía no aportó al proceso ninguna prueba concluyente que lo vincule a los actos antidemocráticos del 8 de enero.

Los acusados del núcleo 1 de la trama golpista, que serán juzgados a partir de este martes:

– Jair Bolsonaro – expresidente de la República;

– Alexandre Ramagem – exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);

– Almir Garnier – excomandante de la Armada;

+ Anderson Torres – exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal;

– Augusto Heleno – exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI);

– Paulo Sérgio Nogueira – exministro de Defensa;

– Walter Braga Netto – exministro de Bolsonaro y candidato a vicepresidente en la fórmula de 2022;

Mauro Cid – ex ayudante de Órdenes de Bolsonaro.

Fuente: Agencia Brasil