El diario Perfil publica lo que afirmaron los abogados de la expresidenta CFK y señalaron que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, habría recibido alrededor del 0,85% de los fondos analizados entre 2009 y 2015. Para la defensa, ese dato contradice la hipótesis de que existió una asignación privilegiada de recursos en favor del empresario. La nueva información fue incorporada al planteo que el equipo presentó ante Naciones Unidas.
Valim presentó el hallazgo como un elemento que, desde su perspectiva, cambia el escenario del caso. El brasileño, que participó de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que los datos aportados muestran una contradicción entre la acusación y la información oficial de Vialidad.
En tanto, Raúl Kolmann en Página 12 señala…
El centro de la condena
Pocos recuerdan todavía que la causa Vialidad se inició con la acusación de que se construyeron rutas que no iban a ningún lado, que se pagaron tramos que nunca se hicieron y que a Santa Cruz le habían dado -en verdad, lo votó el Congreso- una cantidad desproporcionada de obras viales. Todas esas acusaciones se cayeron, quedaron en la nada, porque la defensa encabezada por Carlos Beraldi las demolió durante el juicio.
¿Qué quedó? Que Cristina Kirchner favoreció a Austral Construcciones mediante un decreto, el 54/09, que destinó a la construcción de rutas los fondos de un fideicomiso creado, en la época de Fernando de la Rúa, con un impuesto a los combustibles. El decreto sigue vigente hasta hoy, solo que se lo apropiaron Javier Milei y Luis Caputo, que se quedaron con los fondos y no construyeron ni una ruta. En el gobierno de Macri, el dinero habilitado por el decreto sirvió para pagarles a empresas amigas, dado que la mayoría de las constructoras fueron marginadas con el argumento de que estaban siendo investigadas.
La acusación contra CFK -y luego la condena- ya eran de por sí un disparate porque el fondo no lo administró el Poder Ejecutivo, sino Vialidad Nacional, como ente autónomo, y en los 3 años de juicio no hubo ni un solo testigo o funcionario que dijera que Cristina hubiera ordenado un pago o hubiera dado alguna instrucción. CFK fue condenada por administración fraudulenta de un fondo que ella no administraba y por rutas que fueron licitadas en Santa Cruz, adjudicadas en Santa Cruz y controladas en Santa Cruz. Las obras fueron votadas por el Congreso Nacional.
El nuevo testigo
Lo que este martes presentaron en conferencia de prensa los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue una planilla exhibida por un testigo en la causa Cuadernos, Darío Andrés Levy, exempleado del departamento de Presupuestos de Vialidad Nacional. Levy fue testigo de la fiscalía, o sea que, supuestamente, iba a declarar en contra de CFK y los demás acusados en el expediente Cuadernos.
Sin embargo, Levy mostró una planilla Excel donde se consignaron los pagos a las constructoras de todo el país en base al decreto 54. El equipo de abogados de CFK le entregó la nueva prueba a un team de afamados economistas de Brasil, encabezados por Antonio Correa de Lacerda, para que hicieran un análisis. Es que la sorpresa fue mayúscula. El dato trabajado por los economistas demuestra que Báez, Austral Constructores, los supuestos beneficiados por Cristina, apenas recibieron el 0,85 por ciento del total de pagos, es decir, menos del 1 por ciento, y no figuraba dentro de las 20 empresas que más cobraron. A lo largo de los seis años que se investigaron en la causa Vialidad, entre 2009 y 2015, Báez percibió 18 millones de dólares, una ínfima proporción de los 2.200 millones de dólares que se pagaron en total y lejos, muy lejos, de los 360 millones de dólares que cobró, por ejemplo, el primo de Macri. Por lo tanto, queda en ridículo el razonamiento de que Cristina quiso favorecer a Báez, porque, en verdad, favoreció al primo de Macri y otras empresas que no tenían la menor sintonía con su gobierno.
Durante todo el proceso de Vialidad, la defensa siempre reclamó que se hiciera una pericia de la totalidad de las obras del país, para que se hiciera una comparación con Santa Cruz y ver si había alguna anormalidad. La fiscalía, el tribunal oral, la Casación y hasta la Corte Suprema se negaron a realizar un estudio tan elemental que permitiría tener una mirada global de la construcción de rutas en la Argentina. Con esta nueva prueba se ve algo esencial: que no hubo favorecimiento, que Báez estaba lejos, muy lejos, de ser una constructora beneficiada con la mayor cantidad de obras.
Hay un dato adicional de máxima importancia. La fiscalía que encabeza Diego Luciani usó también otra prueba que llamó el plan borrar todo: consistía, supuestamente, en que pocos días antes de dejar el gobierno, en diciembre de 2015, Cristina se reunió con Báez y se le pagaron 500 millones de dólares. Era la forma de borrar todas las deudas que el Estado tenía con Austral Construcciones. Ambas cosas -la reunión y el pago- resultaron falsas. Pero, ahora, la planilla de Levy demuestra que a Báez no se le pagó nada en 2013, 2014 y 2015. Por otra vía, se vuelve a demostrar que no hubo pago alguno al final de mandato y toda la acusación fue un fraude.
“Esta es una construcción judicial insostenible”, redondeó Valim en la conferencia de prensa.
Los caminos a seguir
Los letrados señalaron que la prioridad es agregar las conclusiones surgidas del nuevo testigo en la presentación hecha ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En principio, ese Comité se reúne a partir del lunes 26 de octubre en Ginebra. Como explicó Borrego, tras el retiro del financiamiento de Estados Unidos, el Comité bajó sus reuniones anuales de 4 a 2, por lo que tiene muchos temas por tratar. Eso hace imposible saber si efectivamente van a poder resolver sobre lo que está pasando con la expresidenta.
Las conclusiones sobre la principal prueba de la condena serán volcadas en una adenda de la presentación original, pero el objetivo es siempre el mismo: en principio, que suspenda los efectos de la inhabilitación especial perpetua impuesta a Cristina y que, de esa manera, se le permita ser candidata. Borrego hizo una magnífica analogía entre las irracionalidades de Don Quijote y las irracionalidades del fallo de Vialidad. Entre ellas, que el fallo de 1.686 páginas destina 11 renglones a explicar la inhabilitación especial perpetua, algo claramente violatorio de los derechos humanos. O sea, en 11 renglones se priva a una referente política de sus derechos políticos.
El segundo camino a recorrer (luego de que se pronuncie el Comité de la ONU) será un recurso de revisión ante la Cámara de Casación nacional. Según establece el Código Procesal, una presentación de esa naturaleza es factible cuando aparece una prueba que era desconocida al momento de la condena. En ese caso, es el nuevo testigo y las proporciones de los pagos. El recurso de revisión debe ser tratado en la Casación por jueces que no hayan intervenido en el expediente hasta ahora.
Beraldi explicó que los magistrados de la Casación tienen hasta la facultad de dictar una cautelar suspendiendo los efectos de la condena hasta resolver sobre el fondo de esa misma condena.
Los dos letrados extranjeros hicieron apuntes de relevancia desde el punto de vista político. Valim sostuvo que “no se trata de una cuestión solamente jurídica. Estamos hablando de la salud de la democracia. En una democracia sana, esta condena es insostenible”. Por su parte, Borrego también habló de que debería haber una solución política, porque “la democracia no puede tolerar que las cosas continúen de esta manera”.
“Cristina es una militante política -redondeó Beraldi- . Como tal, tiene una fortaleza indescriptible. Ella y todos tenemos la expectativa favorable de que todo esto avance. Pero no se desespera, porque tiene la paciencia suficiente para saber que esto es una batalla. Y se prepara. Está preparada. Todos los días hace gimnasia, todos los días estudia la realidad y tiene confianza de que, al final, la verdad se va a imponer. Lo que sí puedo decir es que no la vencerán. Eso seguro”.