En un duro comunicado difundido a través de sus redes sociales, Petit puso el foco en la situación de los trabajadores contratados en la administración pública provincial y municipal, a quienes definió como “las víctimas invisibles de un sistema perverso” que —según afirmó— se ha profundizado desde diciembre de 2023 bajo el argumento de la “reorganización estatal”.
De acuerdo a su análisis, ese concepto funciona como un eufemismo que encubre políticas de ajuste dirigidas principalmente contra los sectores más vulnerables del empleo público. En ese marco, señaló que la no renovación de contratos se ha convertido en una práctica habitual que, en los hechos, implica “despidos indirectos” de trabajadores que durante años han sostenido el funcionamiento del Estado.
Petit calificó esta situación como un “fraude laboral institucionalizado” y cuestionó el uso reiterado de contrataciones transitorias para cubrir funciones permanentes. “Se trata de una herramienta para garantizar mano de obra barata, bajo un esquema de inestabilidad constante que disciplina al trabajador mediante la amenaza de no continuidad”, sostuvo.
Asimismo, la letrada advirtió que, pese a que en la práctica se configuran relaciones propias del empleo público —con cumplimiento de horarios, acatamiento de órdenes y acceso a licencias—, estos trabajadores no son reconocidos como parte de la planta permanente. En ese sentido, criticó el rol de la Justicia por aferrarse a criterios formales, como la exigencia de un acto administrativo o concurso público, sin considerar la realidad de los hechos.
En otro tramo de su planteo, apuntó contra el propio Estado por incumplir la Constitución Provincial, que en su artículo 36 establece que el ingreso y ascenso en la administración pública debe realizarse mediante concursos que garanticen igualdad de oportunidades e idoneidad. “El Estado termina siendo juez y parte: omite cumplir la norma y luego utiliza esa omisión para negar derechos”, afirmó.
La abogada también remarcó que esta falta de cumplimiento deja a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que pueden permanecer durante años en funciones y ser desvinculados sin fundamentos, bajo la calificación de “prescindibles”.
Finalmente, Petit advirtió sobre la falta de mecanismos de reparación para estos casos en Entre Ríos, lo que obliga a recurrir a estrategias judiciales que no siempre logran compensar el daño sufrido. Frente a este escenario, llamó a una mayor intervención del Poder Judicial y a un cambio en la conducta de la dirigencia política.
“Es hora de que la política deje de utilizar la precariedad como herramienta de control y que la Justicia deje de vaciar de contenido las normas constitucionales”, concluyó.