El 27 de agosto pasado, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó la firma de un convenio entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos que permitirá subsidiar dos puntos de la tasa de interés en créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda única. La medida alcanzará a trabajadores del sector público en planta permanente y sin vivienda propia. En esta primera etapa se generará un aproximado de 300 créditos.
Además, el mandatario remarcó que la cuota «solo toma hasta el 30 por ciento del ingreso de los trabajadores», y enfatizó que la gestión provincial procuró «que esta cuota sea menor en promedio a los alquileres que se vienen pagando». También especificó que para alcanzar el haber mínimo requerido, que hoy es de 1,8 millones de pesos, es posible sumar ingresos de cotitulares dentro del grupo familiar.
El programa, destinado a la adquisición de vivienda única, familiar y permanente, contará con un fondeo inicial de 20.000 millones de pesos aportados por la entidad bancaria, lo que permitirá otorgar unos 300 créditos en esta primera etapa.
Endeudamiento elevado
Pedro Pérez, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Concordia, estimó que es difícil que puede tener un impacto real en los trabajadores estatales. Esto se debe a que, si ganan $ 1.800.000, uno de los requisitos para acceder, “deben cobrar de bolsillo $ 200.000 o $ 300.000”. “No les va a alcanzar, están endeudados”, remarcó.
A su vez, sostuvo que el empleado que se inscriba va a necesitar el recibo de sueldo de su pareja. Aún así, manifestó sus dudas. “Los compañeros están endeudados los dos, no uno solo”, dijo Pérez. En esa línea, mencionó que el empleado estatal ha perdido el 40 % de poder adquisitivo. En dos años y medio el compañero ha dejado de cobrar entre $ 8 y $ 10 millones. Sacá la cuneta el ajuste que nos hicieron. Multiplica $ millones por 90,000 empleados públicos”, remarcó.
De hecho, el sindicalista mencionó que los empleados están lejos de salir de la situación endeudamiento. En ese sentido, hizo referencia al plan que ofrece el gobierno, mediante el Banco Entre Ríos SA, para liquidar esos compromisos financieros. Pero recalcó que aplica la misma lógica con la que se maneja el gobierno nacional que pide crédito a los organismos multinacionales ára refinanciar deudas contraídas anteriormente. “Nos endeudaron a todos y ahora aparecen con créditos para refinanciar las deudas con que nos endeudaron”, remarcó.
Además, se preguntó cuántos de los 300 créditos que se otorgarían en una primera etapa correspondería a cada departamento. “Ponele que para Concordia sean 30 viviendas. Después se dará 100 viviendas a Paraná, siempre se piensa mas ahí que en el resto de la provincia. Y después en algún pueblito 20 o 30 viviendas”, expresó. En suma, el numero mencionado, para Pérez, es “insignificante”.
De cualquier manera, ponderó como positivo que quienes alquilan en este momento, dejarían de pagar esa renta para comenzar a abonar las cuotas de su propia vivienda. Aún así, sostuvo que la demanda “los va a superar”.
Terreno vacío
Pérez recordó que ATE hace más de 12 años que no encara un plan de viviendas para los empleados estatales. En ese momento, el secretario general de ATE Entre Ríos era Miguel Pelandino y se edificaron 1.080 viviendas en todo el territorio. Pérez recordó que en Concordia gestionaron 74 viviendas del barrio Misiones y otras 36 cerca de la cancha del club Defensores de Nébel.
“Desde que estamos en el gremio nos proponíamos como meta sacar 50 o 70 viviendas por gestión”, dijo en referencia a los cuatro años que duran los mandatos en ATE.
El gremialista admitió que la operatoria anterior del IAPV permitía situaciones anómalas que terminaron perjudicando a los futuros beneficiarios. Algunos adjudicatarios ya tenían una vivienda pero se inscribían cuando la finalidad era otorgarles a quienes no poseían ningún inmueble a su nombre. Por ello, se modificaron los requisitos y solo se permitían la entrega a quienes podían acreditar ese requisito. “Totalmente de acuerdo”, dijo Pérez.
La otra era ingresar a la vivienda y no pagar más las cuotas. Para evitar eso, directamente se les imponía el descuento al adjudicatario sobre el recibo de sueldo. De lo contrario, se cortaba la cadena ya que no había posibilidad de reinvertir en mas viviendas.
Desde hace varios años, el sindicato tiene terrenos disponibles que fueron cedidos por la Provincia en la zona noroeste, cerca del barrio Agua Patito, para edificar viviendas sociales. Pero desde la época del ex presidente Mauricio Macri no pudieron avanzar más. “Iba a salir por intermedio del IAPV pero como no hubo financiamiento, no pudo avanzar más”, dijo. Pérez remarcó que tenían los planos de factibilidad realizados respecto de la posibilidad de poder contar con los servicios de agua potable, energía eléctrica, etc. “Ahora hay que hacer todo de vuelta”.
No obstante, Pérez dijo que la importancia del IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda), desde 2015 en adelante, cuando el presidente era Macri, fue decreciendo respecto de las viviendas sociales. La política fue retacearle recursos y eso le impidió poder seguir construyendo. “Macri le quitó todo para realizar viviendas”, indicó. “Después vino la época de la pandemia y después, desde que asumió este gobierno, nada.
O sea, ya van tres gestiones sin planes para los empleados estatales. En números redondos, a 50 cada cuatro años, en estos años se podrían haber edificado 150 viviendas sociales. Pérez mencionó que ya no hay terrenos en la ciudad para seguir construyendo barrios de 70 u 80 lotes y los futuros gobiernos deberán ver la factibilidad de comenzar a planificar la urbanización desde la Autovía 14 para el oeste. “Hay que concientizarse. En Buenos Aires viajan una hora para ir a trabajar”.
“Ahora aparecen cuando se están por ir para decir que van a hacer un plan de viviendas. Son pequeñas cositas para querer ganar una elección cuando a la gente no le alcanza para sobrevivir”, mencionó el gremialista por último.