Según Cedro, la investigación “surge básicamente del propio recurso que plantea uno de los proveedores del municipio, vinculado con la causa de una presunta estafa a comedores escolares de la provincia”, donde ya se advierte un posible ilícito. “El municipio no puede pedir mercadería adelantada en base a una adjudicación que aún no se había hecho”, señaló.
El dirigente vinculó este caso con otro hecho reciente: la eliminación de información del portal de transparencia municipal. “Hasta hoy no había acceso a quiénes fueron los que ganaron licitaciones ni en qué condiciones. Había una clara violación a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que establece como principio la ‘transparencia activa’”, sostuvo. Y agregó que los organismos públicos están obligados por ley a publicar en sus sitios web “toda la información relevante sobre contrataciones, compras y demás operaciones administrativas”.
Cedro recordó además que la Ley provincial 11.191, sancionada en febrero de este año, exige a todos los organismos brindar información “completa, veraz y amplia” sobre sus contrataciones y licitaciones. “La eliminación de datos relevantes vulnera el derecho de acceso a la información pública», afirmó.
Consultado sobre la contradicción entre esta situación y el discurso oficial de transparencia, Cedro fue categórico: “Es muy llamativo. Además de la falta de información sobre compras, ya no se puede ver la relación contractual de los empleados y el boletín oficial está totalmente desactualizado. Se publican cosas despachadas hace más de un mes”.
El exconcejal consideró que este tipo de prácticas implican “una clara vulneración de principios y deberes constitucionales: publicidad, rendición de cuentas y normas de gobierno”. En ese sentido, sostuvo que “este ocultamiento de información implica un actuar ladino por parte de la administración, respecto de datos que deberían ser de conocimiento y circulación pública. Sin contar además, los numerosos pedidos de informes nunca respondidos”.
Sobre si ese “actuar ladino” implica encubrir posibles hechos de corrupción o desorganización administrativa, Cedro prefirió ser prudente, aunque no dejó dudas sobre sus sospechas: “No quiero ser mal pensado y decir que ocultan datos de actos irregulares, pero sí da lugar a la suspicacia. Esa transparencia terminó siendo incómoda para la gestión. Algunos funcionarios negaron compras a ciertos proveedores y luego tuvieron que admitirlas, porque estaban publicadas en la web municipal”.
Respecto a las vías institucionales para revertir esta situación, Cedro explicó que “cualquier particular puede pedir esa información”, ya que la ley nacional reconoce el derecho de toda persona a acceder sin necesidad de acreditar interés específico. También planteó la posibilidad de “presentar un amparo o una acción contencioso-administrativa para obtener la información”, y propuso modificar la ordenanza local para especificar qué datos deben publicarse.
Sin embargo, reconoció que con un Concejo Deliberante dominado por el oficialismo “sería difícil que prospere”, aunque insistió en que “hay que dar la pelea”. “Y aclaremos algo —añadió—: no estamos hablando de información que nunca existió. Eran datos que estaban disponibles, y esta gestión los eliminó.”
En los últimos días, la polémica se reavivó cuando el municipio eliminó del portal de Transparencia el acceso al detalle de las adjudicaciones, luego de que se revelaran contrataciones a las firmas Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS, vinculadas a la causa por estafas en los comedores escolares. Sin aviso oficial, el acceso a esa información sensible desapareció del sitio web, aunque volvió a estar visible tras la publicación en DiarioJunio y otros medios locales.
“Rápido de reflejos, luego de la nota periodística volvieron a hacer accesible esa información. Me parece que todo esto le da mayor credibilidad a la denuncia”, expresó Cedro, quien interpretó la breve suspensión como una señal de alarma. Esto refuerza la sospecha de que hay un interés en ocultar información o, al menos, demuestra la falta de competencia administrativa de la gestión.”
Por último, Cedro analizó la reacción social frente a estos hechos. “Creo que esta gestión —en sus niveles nacional, provincial y municipal— encuentra una cierta tolerancia en la gente frente a estos hechos. Casos como el de Libra, las coimas en el Andis o el candidato a diputado Espert financiado por el narcotráfico en otra época hubieran sido escándalos. Hoy parece que la sociedad los tolera más”, reflexionó.
Y concluyó con una autocrítica política: “El peronismo todavía no ha resuelto cómo presentarse como una fuerza capaz de ofrecer otra alternativa. Entonces se genera la idea del ‘mal menor’. No sé cuánto tiempo más la sociedad va a tolerar estas situaciones de corruptela e inoperancia, pero va a ser un proceso lento. Hoy hay un manto de piedad sobre los hechos del oficialismo que antes no existía”.
