La causa que tiene como protagonista a la inspectora municipal Gilda Cabrera dio un giro clave y ya se tramita en sede penal. Su abogado, Mariano Giampaolo, confirmó la denuncia y describió lo ocurrido como una secuencia de hechos que, según sostiene, evidencia “premeditación, edición de pruebas y escarnio público”.
“Estamos ante algo que excede ampliamente un episodio aislado. Hay una intencionalidad clara si se analiza todo en conjunto”, afirmó el letrado, y explicó el impacto personal que sufrió la trabajadora: “Estaba en un grado de afectación psicológica tremendo. Tuvimos que contenerla y asistirla profesionalmente”.
En ese sentido, sostuvo que el caso se inscribe en un contexto más amplio de conflictividad laboral. “Los inspectores vienen sufriendo agresiones desde hace décadas y muchas veces deben trabajar con custodia policial”,
El video: “Se grabó, se editó y se publicó después de pagar”
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la secuencia del video viral. “Se grabó el 15 de marzo y se publicó el 31, con indicios claros de que fue editado y después de que la comerciante pagara la multa”, explicó Giampaolo.
Y planteó: “Si vos pagás la multa, estás reconociendo la infracción. Entonces ¿Por qué después salís a instalar públicamente otra versión?”.
En esa línea, sostuvo que el procedimiento administrativo fue validado: “El acta fue confirmada por el Juzgado de Faltas y todo el accionar de los trabajadores fue correcto. En cambio, por parte de la comerciante, «se difundió únicamente lo que convenía mostrar; el resto del contexto fue recortado”.
Habilitación “en tiempo récord”
Otro punto bajo análisis es la situación del deck donde ocurrió la inspección y había una persona consumiendo bebida alcohólica. “No estaba habilitado y tenía informes negativos por su ubicación en una zona de tránsito público”, señaló.
Sin embargo, Giampaolo puso el foco en que su regularización se habría dado en un plazo inusualmente breve: “Se habilita en tiempo récord, y casi en simultáneo se difunde el video. Son coincidencias que deben investigarse”, indicó
La crítica al intendente y la “carta blanca” a las agresiones
El abogado también apuntó contra el intendente Francisco Azcué, a quien responsabilizó por el clima posterior al hecho. “Anunció públicamente un sumario a los inspectores, que nunca se inició, pero el daño ya estaba hecho”.
Para el letrado, esa postura generó un efecto directo en la opinión pública: “Cuando la máxima autoridad pone en duda a sus propios trabajadores, genera una especie de carta blanca. Es como decir ‘agredan, porque algo mal hicieron’”, explicó
Y en ese contexto, aseguró que se produjo la escalada de ataques: “Durante al menos quince días la inspectora quedó totalmente expuesta y sin respaldo institucional. Se hizo campaña de hostigamiento en redes sociales, se la trató de corrupta, de delincuente y se la insultó de todas las formas posibles”, indicó.
Pero lo más grave, afirmó, fue la exposición de su vida privada: “Se publicaron fotos de ella en vacaciones con sus hijos menores. Eso ya no es crítica: es un ataque directo”, remarcó, y sostuvo que ello configura un claro caso de “escarnio público” amplificado por redes sociales y medios locales y nacionales.
Trasfondo político: “Primero el escándalo y después el cambio de ordenanza”
Giampaolo planteó además la existencia de indicios de un trasfondo político. “La política es legítima, lo preocupante es usar a una trabajadora para instalar otra cosa”, sostuvo.
Según su análisis, se detectaron vínculos con militantes de La Libertad Avanza y una secuencia llamativa: “Primero se genera el escándalo, se desacredita a la inspectora y después aparecen pedidos para modificar la ordenanza que ella estaba haciendo cumplir”.
También aclaró el funcionamiento del sistema de control: “Los operativos no los decide un inspector en particular. Es un esquema institucional, incluso con asignaciones por sorteo”.
Para el abogado, esto refuerza la hipótesis central: “Se eligió a una trabajadora que cumplía una orden y se la puso en el centro de la escena”.
La respuesta de la comerciante tras la denuncia y el avance judicial
Según comento el defensor, la comerciante Jesica Zárate respondió a la intimación, pero sin retractarse. “No negó los hechos ni pidió disculpas, sólo intentó justificarlo como una crítica al sistema, pero no resiste frente a los términos utilizados”, afirmó.
Además, mencionó denuncias previas que, según Giampaolo, “no tuvieron entidad”: una está archivada y otra presentada con posterioridad a la viralización del video.
Con este escenario, se avanzó con una denuncia penal por injurias, calumnias y discriminación, además de peritajes informáticos, relevamiento de redes y testimonios. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró.
“No es solo Gilda”
Finalmente, el abogado remarcó el sentido institucional del caso: “No defendemos solo a Gilda Cabrera, defendemos el sistema de control municipal”, remarcó. Y concluyó: “Si se ataca a quienes hacen cumplir las normas, después no podemos quejarnos de las consecuencias. Es un ‘viva la pepa’ institucional”.