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Diputada presentó un proyecto para eliminar el enganche salarial automático en la Justicia entrerriana

La diputada provincial Liliana Salinas ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley destinado a derogar el artículo 1º de la Ley N° 10.068, que rige desde el año 2011, y establece la vinculación automática de los haberes del Poder Judicial de Entre Ríos con los incrementos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ámbito federal.  

25 agosto, 2026

12:02 pm

La diputada provincial por el Partido Conservador Popular (PCP) presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 1° de la Ley N° 10.068, vigente desde 2011, que establece la vinculación automática entre los incrementos salariales del Poder Judicial de Entre Ríos y las subas dispuestas para la Justicia nacional por la Corte Suprema.

La iniciativa plantea que los futuros aumentos de magistrados y empleados judiciales sean discutidos y aprobados por la Legislatura entrerriana, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria de la provincia.

El proyecto no contempla una reducción de las remuneraciones vigentes ni busca afectar la independencia del Poder Judicial, sino eliminar el mecanismo que permite que las decisiones salariales adoptadas a nivel nacional se trasladen automáticamente al presupuesto provincial.

“Este proyecto no recorta sueldos, recorta un privilegio automático que hace 15 años le saca a Entre Ríos la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Queremos que los aumentos de la justicia entrerriana se decidan en Entre Ríos y no en Buenos Aires”, sostuvo la legisladora.

Entre los fundamentos de la iniciativa se señala que la Constitución de Entre Ríos otorga a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos.

En ese sentido, Salinas cuestionó que el esquema vigente genere incrementos permanentes del gasto provincial cada vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispone una mejora salarial para el Poder Judicial nacional, sin que exista una instancia previa de análisis por parte de la Legislatura entrerriana.

La diputada sostuvo que esto impide evaluar el impacto de esas subas sobre los recursos disponibles y su relación con otras áreas que también dependen del presupuesto provincial, como salud, educación y seguridad.

“No se trata de bajarle el sueldo a nadie ni de desconocer el trabajo de los magistrados y empleados judiciales. Es la misma lógica que se aplica hoy a cualquier otro empleado público provincial: los aumentos se discuten según los recursos que tiene Entre Ríos”, afirmó.

La propuesta también vincula el planteo con el proceso de ordenamiento fiscal impulsado por el Gobierno nacional, que tiene entre sus principales ejes el equilibrio de las cuentas públicas.

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