En un escenario de máxima tensión y con el anuncio de un paro de 24 horas confirmado por AGMER para este viernes 27 de marzo en defensa del salario y el sistema previsional, la situación de los docentes privados nucleados en SADOP se presenta como radicalmente opuesta.
Mientras el gremio mayoritario del sector estatal avanza con la medida de fuerza, la entidad que representa a la docencia de gestión privada decidió suspender las acciones directas ante lo que define como un “grave escenario jurídico” derivado de la reforma laboral. Esta normativa deja a estos trabajadores sin garantías de estabilidad y los expone a sanciones o despidos en caso de adherir a una huelga.
Educación: de derecho social a «servicio esencial»
El eje del conflicto radica en la nueva calificación de la educación dentro de la normativa nacional. Al ser declarada “servicio esencial”, la ley obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% durante las jornadas de protesta. Para los docentes privados, el incumplimiento de ese piso puede ser interpretado como un “incumplimiento grave de tareas”, habilitando despidos justificados y otras sanciones discrecionales.
En ese sentido, la referente de SADOP, Alejandra Frank, remarcó la diferencia estructural con el sector público: “Nosotros tenemos un empleador privado que puede disponer que no trabajes más porque no reunís el perfil de la institución». Es decir, “no tenemos la estabilidad laboral del sector estatal, porque nuestra relación de empleo está regida por el derecho privado”.
Asimismo, advirtió que si un docente de gestión privada decide adherir por cuenta propia a una medida de fuerza convocada por otro gremio, el sindicato no podrá brindarle respaldo legal frente a posibles represalias. En definitiva, “dependerá de cada empleador si toma o no medidas disciplinarias». Por este motivo, desde SADOP sostienen que en esta etapa la prioridad es “proteger la estabilidad laboral y el sustento de nuestros docentes, evitando exponerlos a consecuencias legales y económicas”.
A la espera de la inconstitucionalidad
En este contexto, la titular de SADOP recordó que el gremio ha realizado presentaciones judiciales —en el marco de la CGT— para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma que vulneran el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No obstante, mientras la Justicia no se pronuncie, la Ley de Modernización Laboral continúa plenamente vigente y con poder de fuego sobre los trabajadores y sus salarios.
“La suspensión se mantendrá hasta tanto la Justicia se expida o hasta que SADOP defina nuevas formas de canalizar los reclamos dentro de un marco de seguridad jurídica”, explicó Frank. Y concluyó: “La educación es un derecho, no un servicio comercializable. La imposición de guardias obligatorias es un avance directo sobre el derecho constitucional a la huelga”.