Este miércoles, durante un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en el que se destruyeron más de 4.300 celulares secuestrados en cárceles entrerrianas, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, lanzó una grave acusación pública: afirmó que no solo familiares sino también “algunos abogados” entregan teléfonos a personas privadas de libertad. La declaración provocó una inmediata respuesta del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

En un comunicado difundido este jueves, el Instituto expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a los dichos del funcionario, a los que calificó de “infundados y temerarios”, por carecer de pruebas y sembrar sospechas injustificadas sobre quienes ejercen la defensa en el sistema penal. “Constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía”, advirtieron.

En el mismo texto, los abogados recordaron que Roncaglia, como funcionario público, tiene la obligación legal de realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia si tiene conocimiento de hechos presuntamente delictivos. “No debe recurrir a los medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho”, señalaron.

Durante el acto en Paraná, donde participaron también el jefe de Policía, Claudio González, el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, el ministro Roncaglia sostuvo que los celulares incautados en las cárceles “se utilizan para cometer delitos como amenazas, extorsiones y tráfico de drogas” y que algunos dispositivos son ingresados no solo por familiares, sino también por “algunos abogados”.

Ante estas expresiones, el Colegio advirtió que “el acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento”. Recalcaron que cualquier conducta ilegal debe ser “individualizada, denunciada y probada” ante las autoridades judiciales competentes.

Finalmente, solicitaron que el ministro Roncaglia “reflexione públicamente sobre sus dichos con el mismo alcance y difusión con que los formuló” y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho. “Su labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales”, concluye el comunicado.

Comunicado Textual: 

«El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las manifestaciones públicas realizadas por el Sr. Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Dr. Néstor Roncaglia, quien ha insinuado o afirmado que profesionales del derecho —en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios— estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad.

Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, no solo resultan falsas y temerarias, sino que constituyen un agravio directo al ejercicio digno y ético de la abogacía, afectando la imagen pública de nuestra profesión y sembrando sospechas infundadas sobre quienes cumplen un rol esencial en el sistema de justicia penal.

El acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos constituye una garantía constitucional que no puede ser limitada ni cuestionada bajo pretextos difamatorios ni generalizaciones irresponsables. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes, y no expuesta en medios o redes sociales mediante discursos que vulneran principios elementales del Estado de Derecho.

Exigimos al Sr. Ministro de Seguridad que, con el mismo alcance y difusión con que ha realizado estas afirmaciones infundadas, proceda de forma inmediata a retractarse públicamente y a respetar el trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor resulta indispensable para la vigencia de un proceso penal justo y conforme a garantías.

Asimismo, instamos a los poderes públicos a que se conduzcan con mayor responsabilidad institucional y a que no utilicen el discurso de seguridad para estigmatizar o atacar a quienes, desde el ejercicio de la defensa técnica, sostienen los pilares básicos de la democracia.»

Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos