El lunes se publicó el decreto presidencial 782/24 en el Boletín Oficial, el cual da de baja la Ley de movilidad jubilatoria aprobada 10 días atrás por el Senado y con media sanción de Diputados desde junio. El mismo establecía un incremento adicional en los haberes del 8,1 por ciento, retroactivo a abril, para que junto al 12,5 por ciento que se había otorgado en marzo, se recompusiera la totalidad de la pérdida por inflación de enero. La votación en el Senado había sido de 61 voluntades a favor y 8 en contra.
Con un costo político probablemente alto, dado que sólo contuvo el apoyo del PRO, pero la oposición de radicales y peronistas de distintas vertientes, la decisión del Gobierno fue la de mantener la licuación de los haberes jubilatorios que “en el primer semestre del año dieron cuenta del 27,7 por ciento del superávit fiscal”, calculó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Según el derrotero de la política previsional de Milei que realiza el CEPA –empezando con la idea de sancionar la emergencia previsional en la primera versión de la Ley Bases, para luego proponer la derogación de la moratoria en la segunda versión y finalmente aplicar subas por inflación pasada y bono de 70.000 pesos-, los últimos aumentos aplicados permitieron “la recuperación de las jubilaciones del fondo del pozo al que el propio gobierno de Milei las había llevado”.
Se aplicaron aumentos “según la inflación de febrero de 13,2 por ciento en abril, en mayo del 11 por ciento como resultado de la inflación de marzo y en junio del 8,8 por ciento por la inflación de abril”. Además, agregaron, en junio se compararían los aumentos otorgados con la movilidad anterior y se aplicaría el mayor.
Pero llegó el veto presidencial amparado, según palabras del presidente, en que “desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones están 5 por ciento arriba, es decir las jubilaciones le ganaron a la inflación”. El CEPA desmiente esto: “En concreto, las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6 por ciento por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6 por ciento por debajo”, explicaron.
“La comparación que realiza Milei tiene una trampa que oculta: compara un mes que es el último previo a la actualización de movilidad trimestral (noviembre 2023) contra un mes que tenía incorporada la actualización (agosto o septiembre de 2024)”, detallaron. Si se calculara como corresponde, el resultado daría cuenta de una fuerte caída apenas asume el Gobierno y su continuidad hasta hoy día para las jubilaciones con y sin bono.
Y en la misma sintonía se manifestó la consultora Equilibra que conduce Martín Rapetti. De acuerdo a sus cálculos, si no se vetaba la Ley sancionada diez días atrás “la jubilación mínima habría cerrado 2024 un 2 por ciento por encima de noviembre de 2023, mientras que con la fórmula actual cerraría un 4 por ciento por debajo”. En un hilo en la red X recordaron además que el 40 por ciento de las y los jubilados cobran la mínima, que a partir de septiembre será de 234.540,23 pesos o bien 304.540,23 contabilizando el bono.
Otro aspecto que disponía el proyecto vetado era que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 Canastas Básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a 321.600 pesos en julio, es decir 15.000 pesos más que el haber en dicho mes.
La consultora advierte que las razones que esgrimió Milei pueden ser ciertas para el caso de las jubilaciones promedio, pero que la situación es bien diferente para quienes cobran la mínima. ¿Por qué? porque “se congeló el componente del bono en 70.000 pesos desde abril, cuando representaba un tercio del haber mínimo, de modo que estos jubilados tienen indexado sólo 2/3 de sus haberes”.
En este sentido el CEPA advierte que entre marzo y septiembre las jubilaciones sin bono aumentaron 74,3 por ciento: si ese mismo aumento se aplicara al bono, el mismo debería valer 112.010 pesos.
En cuanto al costo fiscal de la fórmula vetada, Equilibra apunta que “según estimaciones oficiales, el costo fiscal anual de la vetada ley ascendía a 1,2 por ciento del PBI, en cambio, los nuestro escenario arroja un costo de 0,3 por ciento del PBI hasta diciembre y 0,9 por ciento para 2025”. Esa estimación va en línea con el 0,4 por ciento apuntado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, si se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril. “El impacto para este año es el mismo que tendrá la baja de 10 puntos del impuesto PAIS”, agregaron. Mientras que el CEPA señaló “es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales” este año.
Fuente: Página 12
