El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados en Agosto por la legisladora oficialista, María Eugenia Alianiell, busca modificar varios artículos del Código Civil y Comercial, para permitir – en ciertas causales – la disolución del matrimonio a través un trámite administrativo. Entre los fundamentos, reflexiona sobre la posibilidad de que se haga en sede administrativa por implicar -según expone- menos costos para los justiciables (aunque habla de la “posible aplicación de aranceles y tasas”).
El texto en cuestión estipula que el divorcio podrá decretarse administrativamente por autoridad u oficial público con facultades suficientes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuando exista petición de ambos cónyuges. A su vez, señala que las partes interesadas deben acreditar los siguientes requisitos: existencia de acuerdo; que no existan hijos matrimoniales de esa, inexistencia de pretensión alimentaria y compensación económica, inexistencia de bienes registrables comunes o gananciales; y que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes.
En ese sentido, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos publicó un comunicado en el que rechaza la iniciativa, y dice textual:
«El proyecto presentado en agosto por la diputada Eugenia Alianiello (Frente de Todos – Chubut), en el expediente 3287-D-2023, intenta modificar varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, para permitir un trámite administrativo de disolución del matrimonio.
El texto en cuestión presenta tan sólo cinco artículos, y no sólo afecta la incumbencia profesional de abogados y abogadas, sino que también supone una renuncia a los derechos de los particulares para la aprobación del trámite, sin asesoría letrada.
Si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado.
Por tanto, el CAER manifiesta su total rechazo, tal como realizó con el proyecto de “sucesiones administrativas” y se solicitará a todos los legisladores entrerrianos que no acompañen esta iniciativa que atenta contra los derechos de la ciudadanía en su conjunto».
