Creado en el marco de la Ley 27.453 —aprobada en 2018 con amplio respaldo legislativo—, el FISU fue uno de los pilares de una política de integración socio urbana que contó con auditorías de la AGN, la SIGEN, universidades nacionales y entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante su funcionamiento, no se registraron observaciones por malversación de fondos ni denuncias de irregularidades.

El fondo se nutría, desde 2020, del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS. Sin embargo, en diciembre pasado, esa asignación fue reducida drásticamente al 0,3%, lo que provocó la detención de más de 700 obras en todo el país y la pérdida de empleo para unas 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular.

Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron que la eliminación del FISU implica un retroceso en términos de políticas públicas sostenidas a lo largo de diferentes gobiernos y consolidadas a través de acuerdos institucionales inéditos en la historia reciente. “Se está desmantelando una herramienta que garantizaba acceso a derechos fundamentales como agua potable, electricidad segura, cloacas y calles pavimentadas”, advierten en un comunicado enviado a DIARIOJUNIO.

Si bien el actual gobierno reconoció la eficiencia de la Secretaría de Integración Socio Urbana —hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía—, el presupuesto correspondiente a 2025 se encuentra subejecutado en más de un 90%. La medida se enmarca en el compromiso asumido por la gestión nacional ante el Fondo Monetario Internacional para cerrar todos los fondos fiduciarios, entre ellos el FISU.

El impacto, sin embargo, excede los tecnicismos fiscales. La suspensión de obras no solo compromete la infraestructura existente —con pérdidas millonarias por el deterioro de obras inconclusas—, sino que también representa un freno para la mejora de condiciones de vida en los sectores más vulnerables. Desde la Mesa Nacional exigen la reactivación inmediata del fondo y la restitución de sus recursos, alertando que cinco millones de personas podrían quedar definitivamente excluidas de políticas de urbanización e inclusión social.