El Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles, con el acompañamiento de los tres bloques políticos, el proyecto de ley que elimina el régimen de pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores de la provincia. Como durante el tratamiento se introdujo una modificación al texto que había recibido media sanción en Diputados en abril de 2024, la iniciativa regresará a esa Cámara para que se expida sobre los cambios.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea derogar la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que reconoce una pensión vitalicia equivalente al 75 % de la remuneración del cargo a quienes hayan sido electos gobernador o vicegobernador. La norma también contempla que, tras el fallecimiento del titular, el beneficio pueda extenderse al cónyuge supérstite y a los hijos menores de edad o con incapacidad.
La principal modificación introducida por el Senado fue la eliminación del artículo 5, incorporado durante el tratamiento en Diputados. Ese apartado establecía que los beneficiarios perderían definitivamente la pensión si eran condenados por determinados delitos, una vez confirmada la sentencia por un tribunal revisor. Al suprimirse ese artículo, el proyecto deberá ser nuevamente considerado por la Cámara de origen.
Durante el debate, el senador de Juntos por Entre Ríos Rafael Cavagna sostuvo que la norma había quedado instalada en la sociedad como un privilegio que ya no tiene justificación. Indicó además que actualmente existen diez beneficiarios de este régimen y afirmó que, de aprobarse definitivamente la derogación, quienes ocupen en el futuro la Gobernación o la Vicegobernación ya no accederán a esa pensión especial.
A su turno, la senadora Nancy Miranda, de Más para Entre Ríos, destacó el consenso alcanzado entre los tres bloques y aclaró que estas pensiones se financian con Rentas Generales y no con recursos de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que las razones que dieron origen al régimen hace más de seis décadas «han desaparecido», por lo que considera que mantener este beneficio resulta incompatible con los principios de igualdad y ética pública. También argumenta que, en un contexto de dificultades financieras del sistema previsional, la continuidad de estos regímenes especiales profundiza el cuestionamiento social hacia el Estado.