Fueron 247 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. En ese lapso, hubo cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. Ayer, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario que presentó la Casa Rosada y no le queda otra alternativa más que cumplir con lo que dictaminó el Congreso dos veces y, luego, el Poder Judicial en todas las instancias.
Razzetto recordó que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye los salarios docentes, las becas de los alumnos, los gastos de funcionamiento e incluso de los hospitales que están a cargo de las casas de estudio. Pero el Gobierno se negó a cumplirla. “Es una cosa bastante rara. El Ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta lo que dice el Congreso y no lo puede esquivar”, dijo.
No obstante, aduciendo que no se especificaba de dónde obtener los recursos, se negó a aplicar la ley. Desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se pidió el cumplimiento de la ley en forma completa. Pero, a través de una cautelar, reclamó que se respete la actualización de los salarios y las becas de acuerdo con la inflación, incluidos en los artículos 5° y 6° de la ley incumplida.
Razzetto recordó que en primera y en segunda instancia la cautelar fue favorable, pero el Gobierno nacional persistió en el desacato. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor. Ayer, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la aplicación de los dos artículos de la Ley 27.795, que indican que se deben actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, lo mismo que las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, entre otras.
La decisión de la Corte llega quince días después del acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, y el CIN y los gremios docentes y no docentes. El 10 de junio se definió un aumento del 24,9 % para los trabajadores universitarios (21,3 % en junio y el restante en octubre). Una recomposición que subsana el desfasaje de 2025 y un 7 % a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024, pero que está lejos de reponer todo el poder adquisitivo perdido. Es decir, que para que el Gobierno de Milei cumpla efectivamente con la ley —que indica que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec— se necesitaría una suba adicional del 29 por ciento, según los cálculos de los gremios, según Página 12.
“Hemos perdido un montón”, indicó, a su vez, Razzetto. Remarcó que el Ejecutivo intentó, con esa paritaria, negociar para dejar sin efecto el reclamo de la ley. «Pero el CIN dijo: ‘No, nosotros seguimos con el reclamo judicial y, si quieren, acordamos sobre estos puntos’”. Y acordaron «sobre nada». “Pero era necesario un acuerdo porque era necesario avanzar”, explicó. Paralelamente, reiteró que quedó en claro que, desde las universidades, siempre priorizaron el diálogo.
Pero aún quedan pendientes los otros artículos, que hacen mención a los gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. Razzetto sostuvo que el gobierno ha atacado todo el sistema de ciencia y técnica y, entre ellos, el sistema universitario. “Siempre dicen que es necesario un pueblo sin conocimiento para ser mejor gobernante pero esto no va a pasar porque en Argentina siempre estivo de punta. Tenemos antecedentes como fue la reforma universitaria, más allá de toda ideología”, indicó.
Más allá de eso, el secretario gremial dijo que, en la ciencia “va para adelante”, al margen de las ideologías, ya que se trata de un saber acumulativo. “No se detiene”, precisó. Los estados mas avanzados son los que mas conocimiento desarrollan”, añadió.