El reciente fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7 que dejó sin efecto la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), restituyó al directorio desplazado y ordenó únicamente la designación de un veedor judicial por 90 días, expuso con claridad un modo de operar que hoy encuentra un espejo casi perfecto en lo que ocurre en Concordia.
En el caso de OSPRERA, la resolución judicial se dictó en el marco de la causa “Voytenco, José y otros s/ lavado de activos”, una investigación que, según el propio juez, no registró avances sustanciales en más de un año y se sostuvo fundamentalmente por el impulso de querellantes ligados a la interna sindical de la UATRE y a sectores políticos enfrentados con la conducción del gremio. Entre esos actores aparece el diputado nacional Pablo Ansaloni, ex dirigente de UATRE y figura central del conflicto que derivó en la intervención de la obra social.
El magistrado fue contundente al señalar que la hipótesis que justificó las medidas cautelares no prosperó, careció de impulso del Ministerio Público Fiscal y perdió sustento jurídico con el paso del tiempo. Esa falta de avances, sumada a la mejora operativa de OSPRERA informada por la propia Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), terminó por desarmar el andamiaje legal que había permitido el desplazamiento del directorio y la intervención plena.
El fallo también significó un golpe político al gobierno nacional, que había impulsado la intervención a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, con Mario Lugones como ejecutor y el entorno de Lule Menem como principal sostén político. La intervención de OSPRERA fue, de hecho, la más emblemática de una serie de medidas similares: se trata de la segunda obra social más grande del país, con una caja mensual superior a los 50 mil millones de pesos.
Durante ese proceso, la figura del interventor Marcelo Petroni quedó bajo fuertes cuestionamientos. Desde la conducción desplazada se denunció la falta de balances, el incumplimiento de normas de control interno, la duplicación de la estructura administrativa y la reducción del gasto en prestaciones de salud. A esto se sumaron denuncias por millonarias compras directas de medicamentos y vínculos con empresas proveedoras que ya habían estado involucradas en otro escándalos a nivel nacional como el caso de las supuestas coimas en la ANDIS.
En ese contexto, el juez consideró cumplidos los objetivos formales de la intervención y subrayó que la denuncia original por lavado de activos contra Voytenco no registró avances que justificaran la continuidad del apartamiento. El resultado fue la restitución de autoridades, levantamiento del congelamiento de cuentas y un control judicial acotado mediante la figura de un veedor.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal había considerado -en agosto pasado- que existían pruebas suficientes para convocar a declaración indagatoria a Pablo Miguel Ansaloni, diputado nacional por La Libertad Avanza; Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación; Claudio Alberto Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la obra social OSPRERA; y los dirigentes sindicales Marcelo Agustín Andrada y Aixa Laura Petriati.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 5 de febrero de 2025 por José Antonio Voytenco, secretario general de la UATRE, quien acusó a los mencionados de haber conformado una maniobra coordinada para provocar la intervención judicial del gremio mediante el uso de influencias políticas y administrativas, en violación a la legislación sindical y penal vigente.
Según la denuncia, el eje de la maniobra habría sido la firma, el 29 de enero de 2025, de un dictamen por parte del director nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, solicitando la intervención judicial de la UATRE, pese a que —según sostiene la querella— dicho funcionario carece de competencia legal para emitir ese tipo de pronunciamientos. El fiscal entiende que ese dictamen fue el resultado de un acuerdo previo entre los imputados y constituyó una pieza central del presunto plan delictivo.
Voytenco conduce el sindicato tras haber ganado las elecciones gremiales de 2022 al frente de la Lista Verde “Agrupación Eva Perón”, mientras que Ansaloni, referente de la Lista Celeste derrotada en esos comicios, es actualmente diputado nacional por el partido que gobierna el país. Para la fiscalía, este dato refuerza la hipótesis de que la ofensiva contra la UATRE no fue una mera disputa interna, sino una operación con respaldo político.
La investigación reunió pruebas tales como registros de ingresos a la Secretaría de Trabajo, informes de cámaras de seguridad, actas de reuniones oficiales, declaraciones testimoniales de funcionarios, allanamientos, peritajes informáticos y el análisis forense de teléfonos celulares y computadoras. De esos dispositivos surgieron chats, audios y llamadas que, según el fiscal, demuestran un contacto fluido y directo entre los imputados y la anticipación de decisiones administrativas antes de que se produjeran formalmente.
Entre los elementos más comprometedores se destacan mensajes en los que se habla abiertamente de “intervenir la UATRE”, de “meter rosca” política, de coordinar dictámenes, de manejar reuniones “con reserva” y de contar con el apoyo de funcionarios de primera línea del gobierno nacional.
Ese esquema —denuncia judicial, intervención administrativa, desplazamiento de autoridades y control político de estructuras sindicales— es la forma en que la FATRE, surgida de una fractura interna de la UATRE y alineada políticamente con el diputado nacional libertario Ansaloni, intenta ganar control territorial sobre sindicatos locales del sector. El mismo programa se replica en Concordia y también en Chajarí, donde el secretario General de la seccional del gremio en la mencionada ciudad, Gustavo Acosta, tiene custodia policial tras denunciar penalmente a Iván Amaro, al abogado Alejandro Jacobi y dos personas más por amenazas durante el intento del lunes pasado de intervenir la seccional («Te voy a matar si no firmás», habría dicho Amaro según la denuncia) también con los argumentos de “ordenar y regularizar el funcionamiento de la entidad gremial”. En ese sentido, Amaro explicó a Sitio Gremial que la visita a Chajarí se enmarcó en un plan de trabajo que apunta a “ir tomando posesión en las distintas seccionales del sindicato”.
Amaro, en el centro de la foto, Jacobi a la derecha
En el Sindicato de Obreros de la Fruta de Concordia, estos hombres que responden a Ansaloni y a la recientemente creada Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) encabezaron una toma violenta de la sede sindical a fines de diciembre de 2025.
Según supo este medio, los representantes legales de Alcides Camejo, titular del SOF, evalúan presentar una denuncia penal similar contra los mismos actores.
Presentado públicamente como el encargado de “ordenar” y “normalizar” el sindicato, Iván Amaro acumula denuncias y escándalos que no solo cuestionan su legitimidad e idoneidad para cumplir esa función, sino también su autoridad moral ante los trabajadores del sector. El «ordenador y normalizador» registra más de 50 cheques rechazados en el plazo de un año por un monto superior a los 350 millones de pesos como gerente de una empresa privada y fue condenado penalmente por tentativa de homicidio en 2016.
Por su parte, el abogado Alejandro Jacobi, quien se desempeña como asesor legal de la intervención del Sindicato de la Fruta, quedó involucrado en una causa vinculada a pagarés surgidos de maniobras presuntamente fraudulentas atribuidas al ex abogado Pedro De La Madrid y a su segunda esposa, Analía Romero.
7 comentarios
Alberto J. Armando
Da pena ver a los trabajadores de la fruta al rayo del sol, esperando esos colectivos desvencijados que los llevan a las quintas, cobrando dos mangos después de laburar 12 horas, y estos vivos, que nunca tocaron una mandarina enriqueciéndose ¿Que tienen que ver con los empleados de la fruta? ¿A quién se le ocurre poner un zorro a cuidar un gallinero?
juan
La pregunta…. quién los puso como interventores????????
Roberto
Y por sus currículos y materias gris pueden ser intendente de Concordia o gobernador de Entre Ríos
Juan
Solo con la justicia entrerriana un Amaro y un Jacobi pueden protagonizar estas andanzas y ante una sociedad dormida.
A un peronista le preguntas por Amaro, y a cualquier abogado le preguntas por Jacobi y ya tienen un panorama cierto de que se trata está película, este sainete.
¿Hasta cuando? Ya el solo hecho que pcurra nos muestra a las claras el componente «moral» de la era nilei- frigerio y bordet&asociados.
Cambalache remasterizado
Ariel
Eso solo puede pasar en Concordia , un condenado por tentativa de homicidio y un abogado y su mujer condenado por quedarse con la plata de un partido político pueden ser los interventores para NORMALIZAR una institución como lo es un sindicato. Después nos preguntamos porque estamos donde estamos. La justicia de Concordia, el colegio de abogados donde están. Ahhh disculpen estas dos instituciones están en sus casas de Ayui !!!
daniel
rotos, descosidos, muertos y degollados, ciegos y tuertos, delincuentes y hampónes, mamita qué personajes, del primero al último no se salva ninguno
omar
que un condenado por tentativa de homicidio ande patoteando y diga «te mato sino firmás» es muy grave.