A través de un comunicado, la organización sostuvo que la iniciativa mantiene «la misma decisión política» de trasladar a trabajadores activos y jubilados el costo del déficit del sistema previsional. En ese sentido, atribuyó la situación a las privatizaciones de la década de 1990, a la falta de compensaciones por parte del Estado nacional y a políticas de precarización laboral.
Entre los principales cuestionamientos, la Multisectorial mencionó la declaración de la emergencia económica con facultades especiales para el gobernador y el presidente de la Caja de Jubilaciones, el aumento de la edad jubilatoria y de los aportes, modificaciones en el cálculo de los haberes que, según afirmó, afectarían el 82% móvil, una «armonización encubierta» con el régimen nacional y cambios que impactarían sobre las jubilaciones por invalidez y las pensiones.
Además, la entidad consideró que estas medidas implican «una intervención de hecho» del sistema previsional y convocó a los senadores provinciales a votar en contra del proyecto. «Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias», señalaron en el documento.