La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) manifestó su preocupación por las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional al procedimiento de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales inferiores y ministerios públicos.
A través de una declaración institucional difundida este viernes tras una reunión realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo cuestionó el Decreto N° 467/2026, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se modificaron los Decretos N° 222/2003 y N° 588/2003 que regulaban aspectos administrativos vinculados a la designación de autoridades judiciales.
Según expresó JUFEJUS, los cambios incorporados afectan mecanismos de participación ciudadana, publicidad y transparencia que formaban parte de los procedimientos previos a la elevación de las candidaturas al Honorable Senado de la Nación.
La entidad sostuvo que las normas vigentes desde 2003 habían contribuido al fortalecimiento institucional del sistema de designación de jueces y funcionarios judiciales, al garantizar instancias de control público y acceso a la información sobre los postulantes.
En ese marco, la Junta reafirmó la necesidad de preservar procedimientos que promuevan la transparencia, la participación ciudadana y la confianza pública en los procesos de selección de quienes integran los órganos de administración de justicia.
La declaración fue dada a conocer luego de una reunión celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron representantes de las máximas autoridades judiciales de las provincias argentinas.
Por Entre Ríos estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno; el vicepresidente del cuerpo, Carlos Tepsich; el vocal Daniel Carubia; y la vocal Claudia Mizawak, quien participó de manera virtual.
El pronunciamiento de JUFEJUS se suma a las voces que en los últimos días expresaron reparos frente a las modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei en materia de designación de autoridades judiciales, un aspecto considerado clave para garantizar la independencia y legitimidad de las instituciones republicanas.
