El fallecimiento de Guillermo Satalía Méndez, a los 52 años, modificó el escenario político del Concejo Deliberante. El edil justicialista había solicitado en abril autorización para ausentarse de las sesiones por razones de salud. Desde ese momento, el bloque había dispuesto mantener su integración durante el período de ausencia del edil y eso le había ocasionado varios inconvenientes al no poder reunir las cuatro firmas necesarias para poder presentar pedidos de informes.
La Ley Orgánica de Municipios establece en su artículo 74° que, ante el fallecimiento de un concejal, el presidente del cuerpo debe comunicar en ocho días la vacancia a la Junta Electoral, que debe expedir el diploma correspondiente al suplente que deba reemplazarlo. “Vencido el primer plazo el Presidente no cumpliere con su obligación, cualquiera de los titulares o suplentes del Cuerpo podrá dirigirse a la Junta Electoral pidiendo la integración, la que deberá expedirse dentro de los ocho (8) días de recibido el requerimiento”, se señala.
Desde el bloque indicaron que quien ocuparía la banca es Mendieta, dirigente justicialista y exfuncionario de la Municipalidad de Concordia. Mendieta integró que quinto lugar la lista de concejales del peronismo que acompañó a Armando Gay en las elecciones de 2023. En la nómina oficial difundida entonces figuraba detrás de Pablo Bovino, Claudia Villalba, Carolina Amiano y Guillermo Satalía Méndez.
Cruces ásperos
Durante los últimos meses, Mendieta fue levantando su perfil público. En marzo pasado, emitió una crítica en redes sociales a partir de la emergencia ambiental y la contratación directa de una empresa para la recolección de residuos.
Mendieta expresó a DIARIOJUNIO en aquel entonces sus críticas por la situación de la secretaría de Servicios Públicos que terminó en la concesión parcial de la recolección de residuos. Expresó que la aprobación de la declaración de emergencia ambiental fue el último paso. No obstante, Mendieta centró la mirada en el proceso previo. En ese sentido, recordó que dejaron 20 camiones recolectores funcionando y 200 contenedores.
En esa línea, explicó que en diciembre de 2023 había 20 camiones en el servicio de recolección de residuos. De ese total, 18 camiones de carga trasera, uno con carga lateral que es el que se utiliza para remover los residuos que arrojan en los contenedores fijos y otro para higiene de contenedores. “Era el que se usaba para lavar los contenedores. No había que llevarlos a ningún depósito; se los lavaba en el lugar que estaba depositado el contenedor”, explicó.
Más adelante, el 9 abril, cuando el oficialismo defendía el decreto del Ejecutivo que disponía el cierre del INVYTAM (Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal) el concejal Felipe Sastre (JxER) mencionaba que había denunciado a Mendieta por entregar terrenos en plena veda electoral “para que la gente los vote”. “Iban a la gente diciéndoles que les iban a dar una casa pero les daban unos papeles que decían acta de adjudicación precaria’, ¿Cuánta gente vino al Concejo con esos papelitos de colores que no le sirven para nada?” Sastre dijo que la concejal Claudia Villalba lo acompañaba a Mendieta en esos actos. “Lástima que la Justicia, por intereses políticos, no avanza en las investigaciones”.
Más adelante, el 15 de julio pasado, luego de que Azcué cuestionase la herencia recibida en diciembre de 2023, Mendieta salió al cruce a través de las redes sociales. Bajo el título ¿»Todavía te quedan ganas de hablar de la gestión anterior»?, dos años de gestión, Enrique Cresto tenía 11 Barrios con Programa de mejoras e infraestructura, 5 Barrios en la zona sur con el Programa Hábitat y 6 Barrios en la zona Noroeste con el Programa Promeba, 100 Viviendas para evacuados en Agua Patito, la Ampliación de la Defensa Sur y la Obra del Complejo Roca, para resolver la falta de agua en la zona noroeste”. Y continúa… “en la gestión anterior tenía 1 funcionario político y ustedes pusieron 7 cuando llegaron; el primer año de gestión pusiste 250 funcionarios políticos”, aseveró.
Además, Mendieta acusaba al actual intendente Francisco Azcué de recurrir a mentiras. “Antes de perder tiempo mintiendo sobre el pasado sería mejor que le cuentes a los concordienses todas las obras que hiciste en estos dos años y medio. Con tantos anuncios de mega proyectos y presupuestos estratosféricos que anuncias por redes sociales, me imagino que tenés muchísimo para mostrar. A trabajar Intendente, a trabajar”.
La última intervención fue la semana pasada. A través de las redes, sostuvo que el contexto actual, en el que el poder adquisitivo se deteriora, el empleo disminuye y cada vez son más las familias que llegan con dificultad a fin de mes, “el Municipio decide avanzar con medidas que implican una mayor carga económica para la población”. De esa forma, cuestionó el plan destinado a detectar ampliaciones no declaradas, aumentar de manera significativa el canon que deben pagar los feriantes de San Cayetano y reiteró sus críticas a la privatización del servicio de recolección de residuos, con un costo cercano a los $ 1.600 millones.
Causa judicial
Desde el oficialismo advirtieron a DIARIOJUNIO que Mendieta se encuentra imputado en la causa que investiga presuntas compras irregulares de GNC realizadas durante anteriores gestiones municipales. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la propia Municipalidad en 2024. El delito que se le endilga es incumplimiento de los deberes de funcionario público y partícipe necesario de peculado.
Sin embargo, la abogada defensora de Mendieta y de Mireya Lopez Bernis, ambos ex secretarios de Obras Públicas, Cielo Petit, aclaró esta mañana a DIARIOJUNIO varias cuestiones al respecto. “Legalmente no hay ningún impedimento para que el asuma la banca”. “Es una persona en condiciones éticas, sobre todo reconociendo la trayectoria política que tiene, para asumir el cargo de concejal”, subrayó.
“La incompatibilidad se da cuando existe sentencie firme y las sentencias firmes se dan después de un largo periodo de diferentes procesos que se van dando como apelaciones, recursos y la da recién el Superior Tribunal de Justicia”, mencionó.
La causa se inicia en el año 2014, antes de que asumiera el ex intendente Enrique Cresto, al año siguiente, hasta febrero de 2024. Luego de dos años de investigación, se realizaron las imputaciones. Y ahora se encuentra en la etapa de la investigación penal preparatoria. “Tenemos una defensa que demuestra que, al momento de hacerse las compras, sí existían vehículos a GNC en la municipalidad y que todo el procedimiento fue realizado como tenía que realizarse, siguiendo las ordenanzas administrativas”.
En la causa están imputados todos los directores de talleres desde 2014 hasta 2023 y los funcionarios a cargo de la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad. Petit dijo que tampoco es ético que la administración del intendente mantenga como directora de Compras y Suministros a una persona “que está imputada en este momento”.
“Esta causa recién empieza. Esta en investigación penal preparatoria desde hace menos de un mes”, manifestó. “Vemos que no va a haber motivos para que los secretarios de Obras Publicas, al menos, puedan ser incluidos dentro de la nomina de la elevación a juicio. Si podrían serlo los directores de talleres y el personal de Compras y Suministros”, mencionó.
Respecto de la causa en sí, dijo que la investigación formal comienza en el momento de la imputación. Para lo cual, tiene un periodo de tiempo acotado para mantener la imputación o declarar la falta de mérito. “Los que impulsamos la causa somos los abogados defensores que tenemos nuestro cuaderno de pruebas y vamos a pedir la falta de merito.
“Entendemos que tanto en el caso de Mendieta como de Mireya López Bernis no existen elementos para se mantenga la imputación”, mencionó la abogada. Petit también explicó que, aun en el caso de que la Fiscalía hiciese “lo que tiene que hacer”, ese tipo de causas tiene una duración mínima de tres, cuatro o cinco años. En el caso de Mendieta, “va a terminar de ser concejal y esta causa ni siquiera va a estar elevada a juicio por los tiempos procesales que tiene la misma Justicia”.
Además, sostuvo que las imputaciones son herramientas que tiene la fiscalía “cuando cree que existen pruebas para seguir investigando un hecho que cree que puede ser un delito pero no rompe el principio constitucional de inocencia”. Lo único que rompe ese principio es una sentencia condenatoria. “Y aquí faltan muchísimos años para que llegue una sentencia”, dijo Petit. Siempre y cuando no se dicte antes una falta de mérito que es lo que ya anticipó que va a pedir como abogada defensor.
Pesar por el fallecimiento del concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez