El organismo encargado de administrar uno de los activos energéticos más importantes del país entró en un cono de silencio a raíz de una inesperada ola de cesantías que parece no haber terminado. En las últimas 72 horas, cien personas que prestan servicios distribuidas entre Buenos Aires, Posadas y Corrientes fueron notificadas de su desvinculación, sin que hasta el momento se sepan las razones ni se hayan depositado las indemnizaciones correspondientes. Es más, se especula que una cifra similar recibirá en los próximos días un telegrama de desvinculación.

Tras el triunfo de Milei, la conducción de Yacyretá fue entregada en forma de pago a Mauricio Macri por el respaldo electoral del jefe del PRO a La Libertad Avanza: fue una de las poquísimas demandas del expresidente a la administración naciente. Al frente del ente, como director ejecutivo, fue designado el ingeniero Alfonso Peña, un excompañero de Macri en el Cardenal Newman, pero también con un vínculo muy cercano al ministro de Finanzas, Toto Caputo.

El equipo de Mauricio Macri y Javier Milei
Junto a Peña volvieron al ruedo funcionarios del riñón de Néstor Schiavoni, que manejó el organismo durante la gestión macrista, que ocuparon posiciones de peso durante el gobierno de Cambiemos. De hecho, Schiavoni es señalado como el cerebro detrás del acta firmada por Macri y el entonces presidente del Paraguay, Horacio Cartes, por la cual la Argentina, entre otras cosas, le condonaba al estado paraguayo una deuda de más de 15.000 millones de dólares derivada de la construcción de la central hidroeléctrica.

Los funcionarios empoderados por la gestión macrilibertaria son Eduardo Petrolo y Claudia Otonello, designados como secretario general y secretaria ejecutiva, respectivamente. Fuentes gremiales señalan a Otonello como la persona encargada de confeccionar las listas de despidos, que fueron ejecutados por su mano derecha, María Fernanda Freijoo, y el gerente de Recursos Humanos, Norberto Alfredo Álvarez.

La gestión iniciada en diciembre también saldó cuentas pendientes y reincoporó a Alejandro Tonelli, hermano de Pablo, el exconsejero de la Magistratura por el macrismo y uno de los abogados de mayor confianza de Macri, que fue despedido durante la gestión de Alberto Fernández y demandó al ente para cobrar 50 millones de pesos de indemnización.

La reacción gremial
Uno de los argumentos esbozados por Peña y sus subalternos es el supuesto crecimiento desmedido de la planta de personal, un dato más que relativo si se lo compara con el volumen del capítulo paraguayo del ente. Hasta antes de los despidos, Argentina contaba con un plantel apenas inferior a los 600 personas, mientras que el país vecino cuenta con uno de 1.800.

En esa línea, la Asociación de Personal Argentino en Yaciretá, el gremio que representa a los trabajadores, reclamó que se reviertan los despidos y calificó la medida de «discrecional y arbitraria». «Llama poderosamente la atención el proceder segregatorio adoptado por el Ente Binalcional, pues es evidente que los despidos, al carecer de causa, se observan claramente arbitrarios y carentes de toda motivación funcional», indicó el secretario general del gremio, José Correa.

Fuente: LetraP