El escrito fue presentado por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La denuncia también alcanza a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable a partir del avance de la investigación.
La participación de una empresa vinculada a Fernando Cerimedo
El eje de la presentación está puesto en la incorporación de Surlibre Inversiones S.A. a Sanabria S.R.L., dos firmas que integran el entramado societario de Cerimedo, tal como dio a conocer Ámbito. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, la sociedad adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de la empresa, lo que representa una participación del 30% del capital.
De acuerdo con la denuncia, Surlibre Inversiones S.A. se encuentra vinculada a Fernando Cerimedo, por lo que la operación societaria adquiere relevancia para la investigación. A partir de esa incorporación, la composición de Sanabria S.R.L. quedó distribuida en 200 cuotas correspondientes a Iván Alberto Sanabria, 150 a Sergio Ezequiel Amarilla y 150 a Surlibre Inversiones S.A.
La presentación sostiene que la incorporación de Surlibre se produjo en 2024 y que, según fuentes del sector portuario citadas en investigaciones periodísticas, Sanabria consiguió las autorizaciones necesarias para operar en el río en un plazo extraordinariamente breve.
La denuncia señala además que Sanabria S.R.L., radicada en Puerto General San Martín, originalmente desarrollaba actividades vinculadas con una guardería náutica y posteriormente reconvirtió su actividad para prestar servicios navales en la Hidrovía, entre ellos la provisión de combustible diésel a remolcadores de barcazas.
Qué rol tuvieron Luis Caputo y Arreseygor
Otro de los puntos que busca determinar la Justicia es la intervención de los organismos nacionales encargados de autorizar este tipo de actividades. La denuncia remarca que el trámite debía contar con la participación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que tiene competencias sobre puertos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo y nodos logísticos.
Al frente de esa agencia se encuentra Iñaki Miguel Arreseygor, quien había asumido en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. El escrito señala que su llegada se produjo poco antes de la incorporación de Surlibre a Sanabria y del inicio de la secuencia de autorizaciones cuestionada.
La denuncia también pone el foco en Luis Caputo, debido a que el área portuaria se encontraba vinculada al Ministerio de Economía, cartera encabezada por el funcionario. En ese sentido, el escrito menciona versiones periodísticas que atribuyen a la conducción económica una eventual intervención o conocimiento sobre decisiones adoptadas en materia portuaria.
Para el denunciante, debe determinarse si, después del ingreso de la sociedad vinculada a Cerimedo, existió una actuación particular de funcionarios públicos que permitió que Sanabria accediera en condiciones excepcionalmente favorables a un negocio que requería autorizaciones estatales.