El equipo de fiscales integrado por Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta pidió hasta cinco años de prisión efectiva para cuatro exjefes de la Armada Argentina, en el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La acusación recae sobre los exoficiales superiores Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, a quienes el Ministerio Público Fiscal considera responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado fatal.
En su alegato, los fiscales remarcaron que las decisiones y omisiones en materia de mantenimiento, control operativo y alistamiento del submarino fueron determinantes en el desenlace ocurrido en noviembre de 2017. “El resultado de la imprudencia no fue un resultado menor sino la pérdida irreparable de 44 vidas humanas”, sostuvieron durante la audiencia.
Además de las penas de prisión, informó el portal Fiscales.com, el pedido incluye la inhabilitación especial perpetua para los cuatro imputados y medidas vinculadas a la reconstrucción administrativa del caso y la determinación del costo de reposición del buque.
Durante la extensa jornada de alegatos, los representantes del MPF detallaron irregularidades en el mantenimiento del submarino, demoras en inspecciones obligatorias y advertencias previas de la propia tripulación sobre el estado de la nave, que no habrían sido atendidas.
Según la acusación, el submarino zarpó en octubre de 2017 en condiciones que no cumplían con los estándares reglamentarios de seguridad operativa, lo que habría incrementado el riesgo que derivó en la tragedia.
En el plano técnico, los fiscales también subrayaron el aumento significativo de la actividad del ARA San Juan en 2017 respecto del año anterior, lo que —según sostienen— evidenciaría una mayor exigencia operativa sobre una unidad ya comprometida en su mantenimiento.
El caso volvió a poner en el centro del debate la cadena de responsabilidades dentro de la Armada y el control civil sobre las fuerzas, en un proceso judicial que ya se considera uno de los más relevantes en materia de responsabilidad estatal por una tragedia militar en tiempos de paz.