Uno de los datos más alarmantes es el impacto económico de esta escalada en el país: las demandas laborales en el último año representaron el costo de siete millones de salarios mínimos, según destacó el informe. “La judicialización descontrolada pone en jaque la viabilidad del sistema. No hay empresa ni estructura que soporte este nivel de conflictividad”, advirtió la UART.
Menos accidentes, más juicios
Lejos de estar vinculada a un aumento de los siniestros, la suba de litigios se produce en un contexto de baja en la accidentabilidad laboral y mejora de las prestaciones médicas, según remarcan desde la cámara que agrupa a las ART.
“La situación es absurda”, señaló Mara Bettiol, presidenta de la UART. “Tenemos menos accidentes, menos muertes en el trabajo, y aun así los juicios se multiplican. Ofrecemos atención médica integral sin costo, actualizaciones automáticas y compensaciones por todas las incapacidades. Pero la litigiosidad sigue creciendo sin lógica ni fundamento”.
Desde la entidad apuntan a una combinación de pericias médicas sobredimensionadas y tasas de interés judiciales elevadas, que transforman cada juicio en una “oportunidad financiera más que en un reclamo legítimo”.
Falta de control pericial
En 2017 se sancionó una ley que preveía la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en las provincias adheridas, con el fin de objetivar y estandarizar los criterios técnicos de las pericias médicas judiciales. Sin embargo, a pesar de que 17 jurisdicciones —incluida la Ciudad de Buenos Aires— adhirieron a la norma, ninguna implementó hasta ahora estos cuerpos especializados.
“Mientras no se avance en ese sentido, las pericias seguirán siendo determinadas sin estándares ni controles. Eso alimenta un circuito judicial que termina afectando la competitividad, la productividad y el empleo formal”, remarcaron desde la UART.
Entre Ríos, por encima del promedio nacional
La provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios laborales, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%). Pero el informe también alertó sobre un crecimiento preocupante en otras jurisdicciones como Entre Ríos, Chubut y San Luis.
Aunque no se brindaron cifras desagregadas por provincia, la mención expresa de Entre Ríos por parte de la UART sugiere que el incremento de demandas en la provincia supera el promedio nacional, especialmente si se compara con la población económicamente activa.
Según datos de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), en el 2024 la provincia registró un aumento del 12 % en los juicios laborales, superando el promedio nacional del 7 %, y elevó su índice de judicialidad de 60,42 a 69,19 causas por cada 10.000 trabajadores. En lo que va del 2025 y de acuerdo a la proyección marcada por la UART, el crecimiento rondaría entre el 10 % al 15 % interanual, lo que ubica a Entre Ríos entre las jurisdicciones con incremento más acelerado en litigiosidad, incluso sin que hayan aumentado los accidentes laborales.
Advertencias
Frente a este escenario, las aseguradoras reiteran la necesidad de una reforma profunda del sistema de riesgos del trabajo. Desde el sector empresario sostienen que la actual “industria del juicio” pone en riesgo no solo la sostenibilidad del sistema, sino también el empleo registrado y la inversión.
“La litigiosidad desbordada no perjudica solo a las ART o a las empresas. También afecta a los trabajadores, porque se encarece el empleo formal y se vuelve más riesgoso contratar”, concluyeron.