La iniciativa advierte que, aunque la gratuidad del beneficio continúa vigente por ley, la decisión nacional trasladó el costo total a las empresas prestatarias, generando fuertes preocupaciones sobre la continuidad y normal prestación del sistema de transporte de media y larga distancia en la provincia.
El proyecto insta al Poder Ejecutivo entrerriano, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y de la Secretaría de Transporte, a arbitrar “de forma urgente” los mecanismos económicos y financieros necesarios para constituir un fondo de compensación destinado a cubrir el costo de los pasajes gratuitos establecidos por las leyes nacionales y provinciales vigentes.
Además, solicita la convocatoria inmediata a las cámaras empresarias del transporte automotor y a las asociaciones civiles que representan a las personas beneficiarias, con el objetivo de coordinar un Registro Provincial de Gratuidad que permita garantizar la prestación del servicio y evitar restricciones o interrupciones en la entrega de pasajes.
La presentación de Cresto se produjo luego de que la Secretaría de Transporte de la Nación dispusiera la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional abonaba a las empresas por los boletos gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.
En los fundamentos del proyecto, el legislador peronista remarcó que la medida nacional mantiene la obligación legal de garantizar los pasajes gratuitos, pero elimina los mecanismos de reintegro que hasta ahora recibían las empresas de transporte.
“Esta decisión coloca al sistema de transporte público de media y larga distancia en una situación crítica y genera una alarmante desprotección sobre los sectores más vulnerables”, sostuvo Cresto.
Asimismo, advirtió que el nuevo esquema podría derivar en mayores dificultades para acceder al beneficio y en un incremento de los costos operativos para las empresas, en un contexto marcado por el aumento de combustibles, repuestos y gastos de funcionamiento.
“Ante la retirada del Estado nacional del financiamiento de estas políticas de inclusión, la Provincia debe asumir un rol activo para garantizar derechos y evitar que las personas con discapacidad y pacientes con enfermedades complejas queden perjudicadas”, concluyó el diputado entrerriano.