De acuerdo a datos oficiales de la ejecución de ingresos 2025, la Tasa General Inmobiliaria significó $3.830.058.983,39. El monto surge de la suma del pago corriente o «pago espontáneo», la recuperación de deuda atrasada y los intereses y recargos aplicados por morosidad.
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La suma de todos los conceptos por tasa inmobiliaria en 2025 sumó algo más de 3830 millones de pesos
Llevado a una escala mensual, ese ingreso equivale a aproximadamente $319 millones por mes.
En paralelo, la contratación directa de la empresa privada VITSA —la firma oriunda de Córdoba y encargada de la recolección en una porción importante del ejido urbano, aunque no toda la ciudad— fue estimada en $400 millones mensuales, según información difundida por el propio municipio.
Es decir que, un solo servicio, y además parcial, costaría más por mes que todo lo que ingresó mensualmente por la tasa inmobiliaria en 2025.
Proyectado en términos anuales, el contrato implicaría un desembolso cercano a los $4.800 millones, superando en más de mil millones de pesos lo recaudado en 2025 por ese tributo.
Incluso si se considera la previsiones para 2026 —una recaudación mayor, estimada en torno al 30% más, producto de la actualización de valuaciones y las expectativas de máxima en un contexto de crisis económica—, la recaudación anual de la tasa inmobiliaria alcanzaría aproximadamente los $4980 millones, unos 415 millones mensuales.
Es decir, que si aun ese escenario se cumple, el margen sería mínimo y quedaría absorbido casi por completo por el costo del servicio tercerizado. Esto último sin tener en cuenta que dicho servicio también podría tener un aumento en sus costos, producto de actualizaciones inflacionarias.
Además, si se tiene en cuenta que la privatización no abarca la totalidad del sistema de recolección y que una parte del servicio continúa siendo prestada por el propio municipio, la inversión total para la recolección de residuos sería todavía mucho mayor.
Como se puede observar en la imagen, la tasa inmobiliaria incluye otras prestaciones además de la recolección de residuos
La contratación de VITSA se produjo en medio de una fuerte polémica. La ordenanza que declaró la emergencia ambiental fue aprobada sobre tablas, anunciada públicamente por los canales informativos del municipio antes que termine la sesión de aquel jueves 19 de marzo pasado, y promulgada y publicada en el Boletín Oficial en menos de 24 horas, habilitando al Ejecutivo a avanzar con la contratación directa sin licitación pública. Por lo que el viernes 20 de marzo, la empresa cordobesa ya estaba operando en la ciudad.
A todo esto se suma que, hasta el momento, el municipio no ha publicado en el Boletín Oficial los detalles del contrato con la empresa, incluyendo condiciones, plazos y monto exacto, más allá de la cifra difundida oficialmente.
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