Desde ahora, ninguna carga podrá ser recibida sin un control previo. Cada entrega deberá someterse a pruebas obligatorias mediante sistemas homologados que detecten marcadores químicos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los combustibles alcanzados por impuestos o beneficios fiscales.
El procedimiento no solo será obligatorio, sino también sistemático: deberá realizarse en cada descarga y por cada tipo de producto recibido. Además, los resultados tendrán que ser informados al organismo dentro de los cinco días corridos. A partir del 1 de julio de 2026, este registro será digital mediante el sistema “Trazado de combustibles”, aunque hasta esa fecha se permitirá un esquema transitorio con registración manual en libros rubricados.
Uno de los cambios más relevantes es el nuevo nivel de responsabilidad que recae sobre las estaciones. En caso de detectar inconsistencias —como la presencia de marcadores indebidos o su ausencia cuando corresponde— los operadores deberán notificar la situación. El incumplimiento de estos controles puede derivar en sanciones, en el marco de un esquema de responsabilidad solidaria.
La normativa también endurece los requisitos documentales. Las estaciones deberán verificar que facturas y remitos incluyan información obligatoria sobre el estado del combustible (si está marcado o no) y el tipo de trazador utilizado. La falta de estos datos puede generar presunciones fiscales en contra del operador, incluso obligándolo a tributar impuestos que originalmente podrían haber estado exentos.
Ante irregularidades, las estaciones podrán rechazar la descarga o continuar bajo su propia responsabilidad, lo que incrementa su nivel de exposición frente a posibles penalidades.
El nuevo régimen alcanza a todos los operadores del país, sin distinción de tamaño, lo que obliga a una rápida adaptación: capacitación del personal, compra de reactivos homologados y aplicación de protocolos estrictos en cada recepción.
Además, se refuerza la trazabilidad en toda la cadena comercial, ya que los estacioneros deberán asegurarse de que sus proveedores estén debidamente registrados y cumplan con la normativa vigente.
En caso de incumplimiento, la resolución prevé sanciones contempladas en la legislación fiscal, que pueden incluir multas, pérdida de beneficios impositivos e incluso clausuras.
Con esta medida, argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno busca cerrar brechas en el control de los combustibles y asegurar la correcta recaudación de los tributos, trasladando parte del control técnico directamente a las bocas de expendio.