Ortiz ya estuvo como jueza suplente en el Juzgado de Familia Nº2 hasta 2023, cuando volvió su titular, el Dr. Rodolfo Jauregui, quien estaba en Paraná como Juez Camarista Suplente.
Antes de quedarse sin cargo, en 2020, Ortiz concursó para ocupar el Juzgado de Familia Nº3, hoy a cargo de la también suplente Delfina Valeria Geist. En el Concurso Nº 226 del Consejo de la Magistratura, Ortiz quedó quinta en el orden de mérito, con 69,79 puntos. La primera de la terna obtuvo 78,26.
Poco después de ese concurso realizado en 2020, le sobrevino otra derrota en un nuevo concurso, pero esta vez para el cargo de Secretaria en el Juzgado de Familia Nº3. El puesto se lo ganó quien era su empleada en el Juzgado de Familia Nº2, la abogada Nadia Di Biase.
Con el regreso de Jauregui su suplencia terminó, se quedó sin lugar en tribunales y tuvo que volver a ejercer por un tiempo la profesión de abogada en el ámbito privado, hasta enero de 2024 que apareció otro nombramiento como Coordinadora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (COPNAF) en Concordia. La función la ejerció hasta septiembre pasado, cuando presentó la renuncia alegando «motivos personales».
La heredera del general
La abogada Constanza Ortiz es sobrina de una ex empleada de tribunales, Marta Silvia «Matachi» Ortiz, y del ex juez Julián Genaro Quevedo, quien tuvo una disputa judicial con el director de DiarioJunio, Claudio Gastaldi, que sentó un antecedente de la jurisprudencia argentina en materia de hábeas data y que generó una importante discusión respecto a los límites de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la autodeterminación informativa.
En 2011, Gastaldi publicó una nota que daba cuenta que en 2002 y 2003 circularon en Internet solicitadas firmadas por decenas de personas, entre ellas el juez Quevedo, su esposa, y la propia abogada Constanza «Coty» Ortiz, entre otros firmantes, en apoyo a militares detenidos y al represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, por entonces detenido en México y con pedido de extradición a España. El ex juez Quevedo también aparecía en páginas conectadas con Memoria Completa, la organización encabezada por Cecilia Pando, conocida apologista del terrorismo de Estado.
Quevedo negó haberlas firmado y exigió pruebas de su firma manuscrita, omitiendo en su demanda la participación de su esposa y de otros familiares como su sobrina, la Dra. Ortiz. Ignorando además que las solicitadas en la web solo requerían nombre, DNI y, a veces, procedencia.
En 2012, el ex juez Quevedo interpuso un recurso de hábeas data contra el periodista y su medio para exigir la rectificación y/o supresión de la información, argumentando que era «falaz e inexacta» y lesionaba su derecho a la autodeterminación informativa.
La jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, hizo lugar al hábeas data y ordenó a DiarioJunio y a los buscadores de internet (Google y Yahoo!) que retiraran el artículo y bloquearan el acceso a su contenido. El fallo generó un fuerte rechazo de organizaciones de prensa (como FATPREN y SPER) y de derechos humanos (como el CELS, que presentó un “amicus curiae”), quienes lo calificaron como un «fallo contra la libertad de expresión» y una «persecución judicial contra periodistas». Argumentaron que ordenar la remoción del contenido de la web y de los buscadores afectaba profundamente el derecho a obtener y difundir información, un pilar de la democracia. La sentencia se apeló en la Cámara Federal de Paraná y el fallo se revocó.
Lazos de Sangre y algo más
Fuentes judiciales de primera línea indicaron a DiarioJunio que la abogada Constanza Ortiz sería designada -otra vez- como suplente en el Juzgado de Familia Nº1, justo cuando Tomaselli prepara su jubilación.
Por afinidad política, tiene el apoyo de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, pero también del juez Daniel Omar Carubia quien se desempeña como Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos desde 1988.
El vocal más antiguo del STJER hizo sus primeros pasos en la justicia en tiempos de la última Dictadura Militar, ingresando a tribunales gracias a su cercanía con el general Raúl José Ortiz, un militar asociado al V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura y activo participante en la represión de Bahía Blanca. El general Ortiz también fue firmante de la proclama de 2002, en apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad.
Daniel Omar Carubia, vocal del Superior Tribunal de Entre Ríos desde 1988
Durante su carrera militar, el general Ortiz cumplió funciones en unidades militares de Paraná y Concordia, entre otras. A partir de enero de 1977 fue el subjefe de la Subzona 22, con jurisdicción en Entre Ríos, secundando en el mando al jefe de la represión en la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco. Pasó a retiro a fines de 1982 y en los primeros años de la democracia fue beneficiado por la Ley de Punto Final. Murió en julio de 2004, antes de que varios de los grandes juicios por crímenes de Lesa Humanidad se resolvieran.
El general Ortiz era el abuelo de la abogada Constanza Ortiz, padre de la esposa del ex Juez Quevedo. El vocal del STJER, Daniel Carubia -como devolución de favores- también habría sido responsable en su momento del nombramiento de Quevedo.
Sin dudas que el mundillo de la familia judicial entrerriana es un pañuelo.
El ex juez Quevedo, su esposa y la Dra. Constanza Ortiz
Carubia ya estuvo en el foco por su rol dentro del cuerpo colegiado al que se le atribuye un «manejo discrecional» en la administración de personal, incluyendo el nombramiento arbitrario de funcionarios sin mediar concurso público. Una investigación periodística de la revista Análisis señaló que el STJER, en su conjunto, designó a más de 300 personas entre 2022 y 2025 sin seguir los procesos de selección reglamentarios, perpetuando prácticas clientelares en el Poder Judicial. Al ser consultado sobre estas acusaciones, que afectan la transparencia institucional del alto cuerpo del que forma parte, el juez Carubia optó por la indiferencia, afirmando públicamente: «No sé qué informa Enz (periodista y director de Análisis) ni me interesa. Obviamente no tengo opinión de lo que desconozco.»
El mecanismo
Mientras tanto, todo estaría cocinado para que se repita un mecanismo frecuente en la justicia, pero poco visibilizado, y es que alguien que no logra aprobar con mérito suficiente en un concurso de oposición y antecedentes siga «entrando por la ventana» y sea «becado» con la plata de los contribuyentes para aprender a ser juez -al tiempo que ejerce como tal-. En este caso, además, con el agravante de tener antecedentes en la defensa de represores de un régimen anticonstitucional.
La designación de jueces suplentes o subrogantes para los Juzgados de Familia en Entre Ríos es una potestad administrativa que recae en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), resolviéndose mediante un Acuerdo General de su Plenario, y no por el voto de una sola Sala. Este proceso de selección, que cubre las vacancias temporales en un fuero de competencia mixta (civil/familia y penal juvenil), es una función de superintendencia que involucra a los nueve Vocales del Alto Cuerpo: el presidente, Dr. Leonardo Portela, la vicepresidenta, Dra. Laura Mariana Soage, y los Vocales Dra. Gisela Nerea Schumacher, Dr. Martín Francisco Carbonell, Dr. Carlos Federico Tepsich, Dr. Daniel Omar Carubia, Dra. Claudia M. Mizawak, Dr. Miguel Angel Giorgio y Dr. Germán Reynaldo Fco. Carlomagno. Si bien la Sala en lo Civil y Comercial suele ser la encargada de proponer o reglamentar el régimen de subrogancias para los juzgados de primera instancia no penales, la decisión final es siempre un acto colegiado del STJER en pleno.
¿Qué evaluará el STJER para designar a la Dra. Ortiz: el extemporáneo concurso de 2020 para cubrir el cargo de jueza de Familia o el más reciente, pero también añejo concurso, donde perdió contra una empleada de tribunales para ocupar una Secretaría?
¿Qué dirá el STJER de sus antecedentes en apoyo a represores? El último párrafo del Artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos de 2008 reza textualmente: «Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.»
¿Irán otra vez contra la Constitución Provincial como ya lo hicieron cuando la designaron suplente en el Juzgado Nº2 de Familia o como también lo hizo más recientemente el gobierno provincial al nombrarla Coordinadora del COPNAF en Concordia?
Federico Odorisio
Fuentes: Archivo DiarioJunio/La Nación/ Análisis/Pájaro Rojo/Consejo de la Magistratura Entre Ríos/Página Judicial/Poder Judicial de Entre Ríos/ Constitución de Entre Ríos
https://www.lanacion.com.ar/politica/general-r-raul-ortiz-nid616178/?utm_source=chatgpt.com
https://www.dateas.com/es/obituario/ortiz-raul-jose-grl-br-r-114948
2 comentarios
Mariela
AGUANTE, LA DERECHA ASESINA MAS VIVA QUE NUNCA, VIVA LA LIBERTAD CARAJO !!! NO TE MUERAS NUNCA CARUBIA !!!
Manuel
La Dra Contanza Ortiz, se fue por la ventana del poder judicial, no solo por rendir mal sino por que destrataba a todo el personal de su juzgado. Y un error de la nota es que ella pierde el concurso para secretaria y tenia que volver a su puesto de escribiente y no aguanto «la calor con saco» y renunció. Renunció y Rogelio Frigerio la premia en el COPNAF. Entre camaradas no hay cornada.