Se trata de uno de los contratos más importantes que licitará la actual gestión municipal. El presupuesto oficial asciende a $16.320 millones para un período inicial de cuatro años, aunque el propio pliego habilita una prórroga por otro período similar. En la práctica, la empresa adjudicataria podría permanecer hasta ocho años al frente de un servicio esencial para la ciudad.
La licitación llega, además, después de meses de controversias, el Municipio primero declaró la emergencia ambiental y luego adjudicó de manera directa parte del servicio a VITSA, decisión que fue cuestionada políticamente, denunciada ante la Justicia y también llevada al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Ahora, ese esquema transitorio busca transformarse en una contratación de largo plazo mediante un proceso licitatorio que, para la oposición, lejos de despejar las dudas, termina alimentándolas.
Tras revisar el pliego de la Licitación Pública Nº 47/2026, Amiano sostiene que «no afirmamos que exista una maniobra ilegal ni anticipamos responsabilidades que deberá determinar la Justicia. Lo que advertimos es que, cuando se analiza el pliego en su conjunto, aparecen condiciones que favorecen objetivamente a quien ya viene prestando el servicio», sostuvo.
«¿Estamos frente a una licitación verdaderamente abierta o ante un procedimiento preparado para que gane la empresa que ya fue beneficiada con la contratación directa?», es la pregunta que atraviesa todo el análisis.
Una historia que empezó antes de la licitación
Para la concejal, el nuevo llamado no puede analizarse como un hecho aislado.
La secuencia, sostiene, comenzó con la declaración de la emergencia ambiental, continuó con la contratación directa de VITSA y ahora desemboca en una licitación en la que esa misma empresa llega con una ventaja difícil de equiparar.
Durante los últimos meses, VITSA no solo prestó parte del servicio sino que adquirió un conocimiento que cualquier competidor tardaría meses en reconstruir: recorridos, tiempos reales de trabajo, consumo de combustible, organización de los circuitos, cantidad de residuos por zona, necesidades de personal y costos operativos.
Ese conocimiento, explica Amiano, constituye un activo importante en cualquier proceso licitatorio.
«Quien ya está trabajando conoce exactamente cómo funciona el sistema. El resto deberá hacer estimaciones. El pliego debería compensar esa diferencia para garantizar igualdad de condiciones, pero termina profundizándola», señaló.
En ese sentido, aclaró que el planteo no apunta exclusivamente contra una empresa determinada.
«La cuestión de fondo no es quién resulte adjudicatario. Lo que debe discutirse es si todos los interesados tienen realmente las mismas posibilidades de competir o si el procedimiento termina consolidando una ventaja obtenida antes de que la licitación siquiera existiera.»
Miles de millones en juego
Los $16.320 millones previstos para el período inicial representan un promedio cercano a $340 millones mensuales, aunque el valor efectivo podrá modificarse mediante actualizaciones trimestrales previstas en el contrato.
Para Amiano, justamente por tratarse de una contratación multimillonaria, el procedimiento debería ofrecer las máximas garantías de publicidad, transparencia y concurrencia.
«No estamos hablando de una compra menor ni de un contrato provisorio. Es un servicio esencial y una decisión que comprometerá recursos públicos durante varios años. Cuanto mayor es el monto, mayor debe ser también el nivel de control», sostuvo.
Cuando el precio deja de ser el factor decisivo
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al sistema elegido para evaluar las ofertas.
En cualquier licitación, el sentido común indicaría que el precio tendrá un peso determinante. Sin embargo, en este caso la propuesta económica representa apenas el 40 % del puntaje total. El restante 60 % dependerá de factores técnicos y operativos.
Traducido a términos sencillos, eso significa que una empresa podría presentar una oferta económicamente más elevada y aun así resultar adjudicataria si obtiene una mejor calificación técnica.
Ese puntaje se distribuye en cuatro rubros: antigüedad promedio de la flota de camiones, disponibilidad de vehículos adicionales, experiencia previa y calidad del plan operativo y de contingencias.
Para Amiano, el problema no reside solamente en la importancia que adquieren esos factores, sino en la forma en que fueron diseñados.
Por ejemplo, las empresas cuya flota tenga una antigüedad promedio de hasta dos años obtendrán el máximo puntaje. Si ese promedio supera apenas ese límite, la calificación cae abruptamente. Y si los vehículos tienen más de cinco años de antigüedad, directamente no reciben puntos por ese concepto.
Algo similar ocurre con la disponibilidad de camiones de reserva. Quien incorpore dos unidades adicionales obtiene el puntaje máximo, mientras que quien simplemente cumpla con la flota mínima exigida no recibe ninguna valoración extra.
Según la edil, diferencias relativamente pequeñas en esos aspectos podrían terminar compensando ofertas económicas considerablemente más convenientes para el municipio.
También observa un amplio margen de interpretación en la evaluación del plan operativo. El pliego habla de propuestas «integrales», «adecuadas», «suficientes» o con «escaso nivel de detalle», pero no establece una grilla objetiva que permita conocer con precisión cuánto vale cada criterio.
«Ese tipo de conceptos siempre deja un margen importante para la valoración subjetiva. En una contratación de esta magnitud sería deseable que todos los parámetros estuvieran claramente definidos desde el comienzo», afirmó.
Requisitos difíciles de cumplir para quien recién llega
Otro de los puntos observados por Amiano son las exigencias que deberán acreditar las empresas desde el mismo momento en que presenten sus ofertas.
El pliego exige certificaciones internacionales ISO 9001 de gestión de calidad e ISO 14001 de gestión ambiental. La ausencia de cualquiera de ellas implica directamente que la propuesta quede fuera de competencia.
A eso se suma la obligación de contar con una base operativa dentro del ejido de Concordia equipada con oficinas, sanitarios, vestuarios, playa de estacionamiento, lavadero y talleres destinados al mantenimiento integral de la flota.
Pero, además, la empresa adjudicataria dispondrá de apenas treinta días corridos para poner en marcha toda la prestación.
Para la concejal, el problema aparece cuando todas esas condiciones se observan en conjunto.
«No cuestionamos que se exija calidad. Lo que decimos es que resulta muy difícil imaginar que una empresa que recién conoce el pliego pueda conseguir una base operativa, habilitarla, incorporar vehículos, contratar personal, organizar recorridos y comenzar a prestar el servicio en apenas treinta días. Quien ya está instalado corre con una ventaja evidente.»
La experiencia también juega
El pliego también asigna una parte importante del puntaje a la trayectoria de las empresas interesadas. Para acceder a la máxima calificación, los oferentes deberán acreditar al menos tres contratos de recolección de residuos ejecutados durante los últimos cinco años en municipios de «escala similar o mayor».
Sin embargo, Amiano advirtió que el pliego nunca define con claridad qué debe entenderse por «escala similar». No especifica si esa equivalencia se medirá por cantidad de habitantes, extensión urbana, volumen de residuos recolectados, kilómetros recorridos, cantidad de cuadras atendidas o presupuesto del servicio.
«Cuando un criterio tan importante queda abierto a distintas interpretaciones, también se amplía el margen para decisiones discrecionales. En una licitación de esta magnitud esos parámetros deberían estar perfectamente definidos», sostuvo.
A ese requisito se suma otro que, aunque persigue un objetivo compartido por distintos sectores políticos, también termina favoreciendo —según la concejal— a quien ya opera en Concordia.
El pliego establece que durante toda la vigencia del contrato al menos el 75 % del personal permanente deberá tener domicilio real en la ciudad con una antigüedad mínima de doce meses anterior a la presentación de la oferta.
Amiano aclaró que promover el empleo local es una política acertada, pero sostuvo que, combinada con el resto de las exigencias y los plazos previstos, vuelve a colocar en ventaja a una empresa que ya tiene identificados trabajadores, conoce el funcionamiento del servicio y dispone de una estructura organizada.
Una ventaja difícil de igualar
Más allá de los requisitos formales, para la concejal existe otro elemento que pesa tanto como cualquier certificación o antecedente: la información.
Aunque el pliego divide la ciudad en ocho zonas y establece frecuencias y turnos de recolección, no incorpora con suficiente detalle información histórica indispensable para que todas las empresas puedan elaborar ofertas en igualdad de condiciones.
Entre otros datos, no se informan las toneladas efectivamente recolectadas por cada zona, los kilómetros diarios recorridos por los camiones, la cantidad total de cuadras atendidas, los viajes al sitio de disposición final, las variaciones estacionales en la generación de residuos ni los tiempos promedio que demanda cada circuito.
Puede parecer una cuestión técnica, pero para quien debe cotizar el servicio representa una diferencia sustancial.
Mientras una empresa que nunca trabajó en Concordia debe estimar esos costos con información parcial, quien ya presta el servicio conoce con precisión cuánto combustible consume cada recorrido, cuántas horas requiere cada circuito, qué sectores presentan mayores dificultades y cuántos recursos son necesarios para cumplir con la prestación.
«Una licitación competitiva requiere que todos partan de la misma información. Si uno de los oferentes conoce de antemano datos que los demás no tienen, la competencia deja de desarrollarse sobre bases equivalentes», afirmó.
Una denuncia penal que sigue sin avances visibles
Las críticas al pliego se suman a otra discusión que permanece abierta desde hace varias semanas.
Amiano recordó que la contratación directa mediante la cual VITSA comenzó a prestar parte del servicio fue denunciada penalmente y que, pese al tiempo transcurrido, no se conocen avances concretos de esa investigación.
Según explicó, la causa fue dividida entre tres fiscales, pero hasta el momento no trascendieron medidas destinadas a reconstruir cómo se tomó la decisión, quiénes participaron en la elaboración de la documentación administrativa ni qué actuaciones se realizaron para preservar las pruebas.
Por ese motivo reclamó que la Fiscalía informe qué fiscal tiene asignada cada tramo de la investigación, qué diligencias fueron ordenadas y qué medidas se adoptaron para resguardar expedientes administrativos, correos electrónicos, archivos digitales, comunicaciones internas, contratos, órdenes de pago y demás documentación vinculada tanto con la contratación directa como con la elaboración del actual pliego.
«Dividir la denuncia entre tres fiscales no puede convertirse en una forma de dilatar la investigación. Nadie está pidiendo condenas anticipadas. Lo único que reclamamos es que se investigue mientras todavía es posible preservar toda la documentación y esclarecer cómo se desarrolló este proceso», afirmó.
También esperan respuestas del Tribunal de Cuentas
La concejal recordó además que, junto a su par Claudia Villalba, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que ese organismo analice la legalidad de la contratación directa, la utilización de la emergencia ambiental y las eventuales responsabilidades patrimoniales de los funcionarios que intervinieron en ese procedimiento.
Sin embargo, aseguró que tampoco existen novedades públicas sobre el estado de esa presentación.
«Si todo se hizo correctamente, las investigaciones lo demostrarán. Pero si hubo irregularidades o decisiones que favorecieron indebidamente a una empresa, eso también debe conocerse antes de que el Municipio firme un contrato que comprometerá miles de millones de pesos», expresó.
Un contrato que podría proyectarse hasta el próximo gobierno
Uno de los aspectos que más preocupa a Amiano es la duración prevista para la contratación.
Aunque el pliego establece una vigencia inicial de cuatro años, también habilita al Municipio a prorrogar el contrato por un período igual o menor al original.
En los hechos, la empresa adjudicataria podría permanecer hasta ocho años consecutivos al frente de la recolección de residuos, una posibilidad que, según la edil, trasciende ampliamente el mandato de la actual administración.
«No se trata solamente de quién prestará el servicio durante esta gestión. Estamos hablando de una decisión que puede condicionar a los próximos gobiernos municipales y comprometer recursos públicos durante casi una década», advirtió.
A ello se suma que el contrato prevé mecanismos de actualización trimestral, por lo que el costo final dependerá de la evolución de distintas variables económicas a lo largo de los próximos años.
«No puede adjudicarse primero e investigarse después»
A partir de todas estas observaciones, Amiano consideró que el proceso licitatorio debería suspenderse o, al menos, prorrogarse hasta que se despejen los interrogantes que aún persisten sobre la contratación directa y sobre la elaboración del pliego.
Entre otras medidas, reclamó que se publique el expediente completo, que se informe quiénes participaron en la redacción del pliego, que se exhiban los estudios de mercado utilizados para elaborar el presupuesto oficial y que se expliquen con mayor precisión los criterios elegidos para evaluar las ofertas.
También insistió en que tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas deberían avanzar con sus investigaciones antes de que la adjudicación produzca efectos difíciles de revertir.
«No puede ocurrir que primero se adjudique un contrato por cuatro años, con posibilidad de extenderlo hasta ocho, y recién después se investigue si existieron irregularidades. Si hubiera algún vicio en el procedimiento, para entonces el daño institucional y económico ya podría estar consumado.»
La concejal aclaró que su planteo no busca paralizar un servicio esencial para la ciudad ni anticipar responsabilidades penales.
«Lo que está en discusión es si una contratación de más de 16.000 millones de pesos garantiza una competencia auténtica entre todos los interesados o si termina consolidando la posición de quien ya había sido beneficiado con una contratación directa.»
«No afirmamos que VITSA vaya a quedarse con la licitación. Lo que decimos es que la contratación directa previa, el conocimiento adquirido durante estos meses, las condiciones del pliego y los criterios de evaluación parecen conducir siempre hacia la misma empresa. Concordia necesita una licitación transparente, con reglas claras y verdadera competencia, no un procedimiento que termine confirmando una decisión que muchos creen que ya estaba tomada», concluyó.