Las medidas fueron dispuestas mediante los decretos 3260, 3261, 3262, 3266, 3270 y 3274, firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Las normas aprueban liquidaciones administrativas de deudas que el Estado provincial atribuye a la percepción indebida de haberes.
El mayor monto reclamado corresponde a Dante Mario Alberto Grandolio, a quien se le exige devolver $12.958.499,65, más intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación. El Decreto Nº 3262 establece que la deuda fue actualizada con intereses devengados hasta el 30 de junio de 2026 y que continuará generándolos hasta el pago efectivo.
En segundo lugar figura Eleana Clarisa Zambrano, con una deuda de $7.613.581,98, más intereses. El Decreto Nº 3266 también acepta su renuncia al cargo de profesional asistente con funciones de guardia en el Hospital San Miguel de San Salvador, con efecto desde el 8 de enero de 2026.
Otro reclamo corresponde a Germán Ariel Ifran, a quien se le exige reintegrar $5.288.644,81, con intereses devengados hasta el 31 de mayo de 2026 y los que se acumulen hasta la cancelación.
Los seis restantes corresponden a María Lia Taibi, por $65.925,89; Silvia Matilde Maidana, por $15.999,03; Stefanía Recagno, por $41.410,09; Jesús Mauro Reynoso, por $59.157,27; José Omar Toledo, por $51.488,79; y Exequiel Batista, por $34.251,47. Todas las sumas deberán devolverse con los intereses que correspondan.
En el caso de María Lia Taibi, el Decreto Nº 3260 también acepta su renuncia al cargo de profesional asistente del Centro de Atención Primaria en Salud Mental “Mercedes Di Giusto”, de Paraná, con efecto desde el 17 de julio de 2025. La norma no precisa si esa renuncia está vinculada con el monto que se le reclama.
En total, los seis decretos establecen el recupero de $26.128.958,98, sin contar los intereses que se acumularán hasta que las deudas sean canceladas.
Las personas intimadas tienen un plazo de 30 días corridos desde la notificación para devolver el dinero. El pago debe realizarse mediante depósito o transferencia a una cuenta del Nuevo Banco de Entre Ríos y acreditarse ante el Ministerio de Salud.
Si no cumplen con la devolución dentro del plazo establecido, el Gobierno prevé dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones legales destinadas a recuperar las sumas reclamadas, los intereses y los gastos que correspondan.