Tras la nota de DIARIOJUNIO, el oficialismo presentó un proyecto para modificar la ordenanza que prohíbe portar armas a la Guardia Urbana

El concejal oficialista Felipe Sastre presentó este jueves un proyecto de ordenanza para modificar el artículo 11 de la Ordenanza 36.569, que regula el funcionamiento de la Unidad de Prevención Municipal de Concordia y prohíbe a sus agentes portar armas letales o de cualquier otro tipo. La iniciativa ingresó después de la publicación de DIARIOJUNIO que reveló la presencia de un dispositivo Byrna en la cintura de Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal, y puso en discusión la compatibilidad de su uso con la normativa vigente.

El movimiento del oficialismo se produjo en medio de una sesión atravesada por la discusión sobre la seguridad de los trabajadores municipales, particularmente en los centros de salud. El bloque del PJ había reclamado información sobre robos, episodios de violencia y medidas de prevención, luego de que dos trabajadoras del CAPS del barrio Capricornio quedaran retenidas durante varias horas bajo amenaza de un hombre armado. El pedido de informes no obtuvo el acompañamiento de los bloques oficialista y de La Libertad Avanza.

Fue en ese contexto que Sastre anunció el ingreso del proyecto, con el argumento de que era necesario reforzar las herramientas defensivas de la Guardia Urbana. La iniciativa pasó a comisión.

Qué cambia en la ordenanza

El proyecto propone modificar el artículo 11 de la Ordenanza 36.569, cuya redacción vigente establece que los preventores no pueden portar armas letales ni de ningún otro tipo y que deben recurrir a técnicas de mediación y métodos participativos para resolver conflictos.

La nueva redacción propuesta establece: “El Preventor perteneciente a la Unidad de Prevención Municipal no podrá portar armas letales. Es un agente de prevención, que se valdrá de técnicas de mediación y métodos participativos de resolución de conflictos”.

Es decir, se elimina la prohibición general de portar armas de cualquier tipo y se mantiene expresamente la restricción sobre las armas letales. Sin embargo, el texto del artículo reproducido en el proyecto no enumera qué dispositivos defensivos podrían utilizarse, ni establece condiciones concretas para su empleo.

En los fundamentos, fechados el 29 de octubre, se sostiene que los agentes de prevención realizan tareas de riesgo en el espacio público municipal que pueden comprometer su integridad física. Por ese motivo, el proyecto considera razonable autorizarlos a contar con elementos defensivos, dentro del ámbito laboral y con capacitación obligatoria.

El documento también afirma que los dispositivos no letales son de venta libre en todo el país y que no están comprendidos en la legislación nacional de armas ni sujetos al control del RENAR por no tratarse de elementos controlados.

La presentación no menciona ni establece un protocolo de uso de estos dispositivos, las circunstancias en que podría emplearse, quién autorizaría su utilización o qué mecanismos de control y registro tendrían las intervenciones. Esos puntos quedan pendientes de discusión si la iniciativa avanza en comisión.

Sastre: “Tenemos que elegir de qué lado queremos estar”

Al anunciar el proyecto, Sastre intentó vincular la iniciativa con el reclamo de seguridad presentado por el peronismo. Dijo que, luego de conversar con otros concejales, consideraron importante “reforzar los elementos defensivos y las herramientas con que cuenta hoy la Guardia Municipal para hechos de inseguridad” y para que sus agentes puedan cumplir sus funciones sin poner en riesgo su integridad física.

El concejal sostuvo que la propuesta constituía un aporte constructivo y pidió que el expediente siguiera el trámite legislativo correspondiente. También aclaró que llevaba la firma de varios concejales.

La respuesta de la presidenta del bloque del PJ, Carolina Amiano, marcó una diferencia sobre el alcance del reclamo opositor. La concejal aclaró que todavía no conocían en profundidad el proyecto, pero sostuvo que el pedido de informes apuntaba a reforzar la seguridad de la Guardia Urbana o de la Policía, cuando fuera necesario, especialmente en los centros de salud que funcionan las 24 horas.

“No tiene que ver con la autorización de armas de cualquier tipo para el personal municipal”, señaló.

A continuación, vinculó la iniciativa con la información publicada por este medio el miércoles. “Según lo que vimos en los medios el día de ayer, personal del municipio está utilizando cierto tipo de armas que no están autorizadas bajo la normativa”, afirmó.

Y agregó que, a su entender, el proyecto buscaba “regularizar una situación irregular que hoy tiene el municipio”, porque parte del personal de la Guardia Urbana estaría utilizando una herramienta que no cuenta con aprobación de la ordenanza vigente.

La intervención de Amiano anticipó el punto central de la discusión: una cosa es reclamar mejores condiciones de seguridad para los agentes municipales y otra, diferente, modificar la normativa para habilitar elementos defensivos cuya utilización durante el servicio no estaba contemplada expresamente.

Sastre respondió que Amiano había interpretado el contenido de una iniciativa que todavía no conocía en detalle. “Yo no había mencionado qué era lo que iba a modificar a la ordenanza”, le reprochó, aunque confirmó que la intención era reforzar los elementos defensivos.

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