En el proyecto, Garay advierte sobre distintas situaciones registradas en la provincia en las que afiliados con enfermedades oncológicas, pese a contar con la autorización administrativa correspondiente, no recibieron la medicación dentro de los plazos requeridos por sus médicos.
La iniciativa sostiene que estas demoras no constituyen una simple irregularidad administrativa, sino que pueden representar una vulneración del derecho a la salud y a la vida, con consecuencias potencialmente irreversibles para los pacientes.
“Estamos hablando de medicamentos indispensables. Una persona con cáncer no puede esperar semanas para recibir su medicamento. Un paciente diabética no puede interrumpir su medicación por problemas administrativos”, indicó el edil.
El artículo 1° del proyecto establece que la obra social deberá informar, en un plazo no mayor a diez días hábiles, sobre cuatro aspectos centrales:
- La cantidad de solicitudes de cobertura de medicamentos oncológicos presentadas durante 2026 por afiliados con residencia en el Departamento Uruguay, discriminadas por tipo de patología y estado de tramitación: autorizadas, pendientes y denegadas.
- El plazo promedio entre la presentación de la documentación completa y la entrega efectiva de los medicamentos.
- Las causas que motivaron las demoras y las medidas adoptadas para resolverlas.
- Los mecanismos de contingencia previstos para garantizar la continuidad de los tratamientos cuando se producen inconvenientes en la provisión de medicamentos.
Además del requerimiento de información a OSER, el concejal solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través de los organismos competentes, arbitre las medidas necesarias para garantizar la cobertura integral y la entrega oportuna de medicamentos oncológicos.
En otro de los artículos, el proyecto plantea que el Concejo Deliberante manifieste formalmente su preocupación por las demoras e incumplimientos y exhorte a las autoridades de la obra social a garantizar que ningún afiliado vea interrumpido su tratamiento por razones administrativas o logísticas atribuibles a la entidad.
Entre los fundamentos, Garay recuerda que OSER es la entidad pública que sucedió al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creada por la Ley Provincial N° 11.202, y que brinda cobertura a más de 300.000 afiliados, entre trabajadores estatales activos, jubilados y sus familias.
Finalmente, la iniciativa prevé enviar copias del proyecto al Gobierno provincial, a OSER, a la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos y a las asociaciones gremiales que representan a los afiliados.
“Nadie se opone a que se controle, al contrario es necesario. Pero una cosa es que se audite y otra es que los afiliados tengan que pagar las consecuencias. Controlen todo lo que tengan que controlar pero entreguen los medicamentos”, exhortó el edil uruguayense.
Asimismo, sostuvo que la transformación del Iosper en OSER había generado expectativas de mejoras y una nueva etapa en el funcionamiento de la institución, pero consideró que los problemas actuales reflejan una situación que todavía no encuentra respuestas.
«Una obra social no se mide por lo que dice un gobernador, sino por cómo responde cuando una persona necesita atención médica o un medicamento para seguir viviendo», manifestó.
Finalmente, Garay insistió en la necesidad de respuestas urgentes y concluyó: «Los afiliados no necesitan discursos, necesitan respuestas, y las necesitan ahora. La salud de los afiliados a OSER no puede esperar más».