Por: Juan Martín Garay, concejal de Concepción del Uruguay
Transformaron el IOSPER en OSER y terminaron convirtiendo a la obra social provincial en la peor obra social del mundo. No es una discusión de nombres ni de estructuras administrativas. Es lo que sucede cuando una persona enferma necesita una respuesta y esa respuesta no llega.
La falta y las demoras en la entrega de medicamentos constituyen uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis. Hablamos de pacientes diabéticos que necesitan medicación permanente, de personas con enfermedades crónicas que no pueden interrumpir sus tratamientos y de pacientes oncológicos cuya continuidad terapéutica depende de recibir los medicamentos a tiempo.
No se puede administrar una obra social como si los medicamentos fueran un trámite más. Una demora en la entrega de insulina, de un tratamiento crónico o de una medicación oncológica no es un inconveniente burocrático: puede agravar una enfermedad, comprometer un tratamiento y poner en riesgo la vida. Detrás de cada autorización pendiente hay una persona y una familia que no saben cómo resolver una necesidad urgente.
A este escenario se suma el conflicto con FEMER. Los profesionales denuncian débitos y descuentos sobre prestaciones realizadas, mientras OSER responde que existen inconsistencias, posibles duplicaciones y problemas administrativos de facturación. Auditar y controlar los recursos es una obligación. Pero ninguna diferencia contable puede terminar perjudicando a los afiliados. La suspensión de consultas y prestaciones de profesionales durante las internaciones, aunque no implique la interrupción de internaciones o cirugías, expone una vez más a los pacientes a las consecuencias de un conflicto que no provocaron.
Una crisis que exige explicaciones
Las dificultades tampoco se limitan a la atención. Hay extrema preocupación por el funcionamiento institucional y las limitaciones para ejercer tareas de control. También se señalaron pedidos de información pendientes vinculados con la compra y distribución de medicamentos, prótesis e insumos.
Es una situación que exige explicaciones públicas. ¿Cómo se garantiza el acceso a los medicamentos si existen dificultades para conocer y controlar su compra y distribución? ¿Cómo se puede hablar de eficiencia y transparencia cuando hay cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización?
La creación de OSER, mediante la Ley 11.202, fue presentada como una transformación necesaria. Pero una reforma no se mide por el nombre, los anuncios ni los balances. Se mide por sus resultados concretos: si el afiliado consigue atención, recibe sus medicamentos, puede continuar su tratamiento y encuentra una respuesta cuando más la necesita.
La salud es un derecho reconocido por la Constitución de Entre Ríos, por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. No es una concesión del Gobierno ni una prestación que pueda quedar subordinada a los tiempos de la burocracia.
Si hay irregularidades, que se investiguen. Si existen problemas financieros, que se expliquen. Si hay diferencias con los prestadores, que se resuelvan. Pero que no se pretenda justificar lo injustificable mientras los afiliados pagan las consecuencias.
Frigerio puede afirmar que OSER es la número uno del mundo. Pero para un paciente diabético que no consigue su medicación, para una persona con cáncer que espera su tratamiento o para una familia que no encuentra respuesta ante una necesidad médica, esa afirmación resulta una provocación.
Los afiliados no pueden ser rehenes de una disputa administrativa, financiera o política. Detrás de cada expediente hay una persona; detrás de cada medicamento que no llega, un tratamiento comprometido; detrás de cada demora, una familia que espera.
Una obra social no se mide por lo que dice su gobernador. Se mide por cómo cuida a sus afiliados. Y hoy OSER está muy lejos de hacerlo.