La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) expresó su «firme oposición» a las modificaciones de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 que, a su entender, podrían debilitar los principios de la normativa vigente. El posicionamiento se conoció el sábado 7 de noviembre, luego de que el proyecto de reforma obtuviera media sanción en el Senado de la Nación.
El documento fue elaborado a través del Consejo de Carreras que nuclea al Profesorado y la Licenciatura en Psicología y las tecnicaturas universitarias en Psicogerontología y Acompañamiento Terapéutico. Allí, la institución puso el foco en el lugar que ocuparían las distintas disciplinas dentro del sistema de atención.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la incorporación obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Si bien la Facultad reconoce la importancia de esa especialidad y la necesidad de fortalecer la disponibilidad de especialistas, advierte que su incorporación no debe significar «una jerarquización de una disciplina sobre las demás, ni en la subordinación de los saberes psicológicos, sociales y comunitarios».
En ese sentido, defendió la participación de psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y enfermeros. «Su participación no constituye un complemento prescindible, sino una dimensión necesaria de un sistema sanitario integral», sostuvo, y manifestó su oposición a cualquier cambio que restrinja la autonomía de los psicólogos o reduzca su intervención en las decisiones clínicas e institucionales.
Internaciones involuntarias y atención comunitaria
Otro de los puntos cuestionados es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. Según el posicionamiento, «la ampliación de las condiciones de riesgo consideradas puede incrementar las restricciones a la libertad personal si no se establecen garantías rigurosas de excepcionalidad, proporcionalidad y control».
La Facultad también advirtió sobre el riesgo de un mayor predominio del modelo biomédico, que podría reducir los padecimientos subjetivos a «diagnósticos psiquiátricos y respuestas farmacológicas», relegando las intervenciones psicológicas, sociales y comunitarias.
En relación con la atención territorial, señaló que el fortalecimiento de instituciones especializadas no debe implicar un retroceso en el desarrollo de centros territoriales, hospitales de día, atención ambulatoria y dispositivos de inclusión social. Además, alertó sobre una posible mayor desigualdad en el acceso a la salud por falta de recursos humanos y presupuestarios, y cuestionó que la continuidad de los tratamientos y las externaciones dependan exclusivamente de las posibilidades de las familias.
El reclamo a los legisladores
En el comunicado, la Facultad informó que hizo llegar sus observaciones a los legisladores de Entre Ríos y solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación que contemple los planteos de las universidades públicas, los colegios profesionales, los trabajadores de la salud y las organizaciones de personas usuarias y familiares.
También reclamó que se garantice la autonomía y participación efectiva de los psicólogos y demás profesionales en los equipos y decisiones institucionales, además de financiamiento suficiente para sostener equipos interdisciplinarios, tratamientos ambulatorios, dispositivos territoriales y condiciones laborales dignas.
Al fundamentar su postura, recordó que la Ley 26.657, sancionada en 2010, estableció un modelo de atención integral, interdisciplinario, comunitario y respetuoso de los derechos humanos. Sostuvo que cualquier modificación debe preservar la autonomía, la igualdad, la dignidad, el consentimiento informado y la capacidad jurídica de las personas.
Otro de los pasajes del documento apunta directamente a la falta de recursos para sostener el sistema actual: «Sin presupuesto que garantice el cumplimiento efectivo de la ley actual, sin conformación de equipos interdisciplinarios ni de programas que promuevan la creación de dispositivos sustitutivos comunitarios y la participación de usuarios y trabajadores de salud, no hay salud mental posible».
Por último, la Facultad exigió «un debate legislativo que no restrinja derechos ni subordine saberes», y concluyó en que el desafío de una política pública de salud mental no debe ser «aumentar la capacidad de internar personas, sino fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el sufrimiento, acompañar a quienes lo padecen y garantizar su inclusión social»