La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay declaró la nulidad absoluta del Decreto DEM N° 213/2024, mediante el cual la Municipalidad de Concordia había dejado sin efecto el pase a planta permanente de un agente municipal. La resolución ordenó su reincorporación y el pago de los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024, con una actualización del 8% mensual más la tasa activa del Banco Nación hasta la efectiva reincorporación.
Los abogados patrocinantes del trabajador, Cielo Petit y Matías Llados, explicaron que la Cámara consideró que el Ejecutivo municipal no tenía facultades para revocar por sí mismo un acto administrativo que había otorgado derechos y adquirido firmeza, aun cuando alegara supuestas irregularidades en su origen.
En ese sentido, señalaron que el artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos y la legislación vigente establecen que, cuando la administración considera que un acto de esas características es ilegítimo, debe acudir a la Justicia mediante una acción de lesividad. Es decir, no puede dejarlo sin efecto unilateralmente.
El tribunal entendió que el decreto derogatorio presentaba graves vicios de competencia y objeto, al arrogarse atribuciones reservadas al Poder Judicial y vulnerar la estabilidad de los actos administrativos firmes.
Sin embargo, para Petit, el caso también permite observar una política de empleo municipal que, según denunció, se viene implementando desde diciembre de 2023.
La abogada sostuvo que la Municipalidad despide, en promedio, a más de 100 trabajadores cada seis meses. No obstante, afirmó que esa reducción no se traduce en una disminución de la planta de personal, porque el municipio incorpora una cantidad similar de agentes. Además, denunció que algunos trabajadores que son desvinculados vuelven a ser contratados por el municipio como monotributistas, en lugar de ingresar a planta permanente.
Según explicó, de esa manera los trabajadores son expulsados del sistema formal, pierden aportes previsionales y cobertura de obra social, mientras continúan realizando tareas para el Estado municipal bajo otra modalidad de contratación.
Presupuesto 2027 y el gasto en monotributistas
Uno de los cuestionamientos centrales de Petit apunta a las cifras del Presupuesto municipal 2027. La abogada sostuvo que la presentación presupuestaria muestra una reducción del gasto en personal al estimarlo en un 43,64%, pero no considera dentro de ese porcentaje el 20,45% destinado a servicios no personales, donde se contabilizan las contrataciones de monotributistas.
Al sumar ambos conceptos, el gasto alcanza el 64,09%, según su cálculo.
Para Petit, esto demuestra que la desvinculación de trabajadores y su reemplazo por prestadores de servicios no representa necesariamente una reducción del gasto municipal, sino un cambio en la forma de contratación. También advirtió que esa modalidad afecta los aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y a OSER.
La abogada contrastó esta situación con la política de empleo de los ocho años de la gestión municipal anterior. Según explicó, durante ese período la planta se mantuvo estable mediante el congelamiento de ingresos, la cobertura de vacantes por concurso en áreas como Tránsito, Inspección General y Servicios Públicos, y el ingreso a planta de contratados con más de cuatro años de antigüedad y aportes.
«Lamentablemente, esta gestión echó a la calle a cientos de trabajadores, los expulsó del sistema formal, pero no bajó el porcentaje de gastos en personal», sostuvo.
Una deuda millonaria para el municipio
En relación con el fallo, Petit advirtió que las consecuencias económicas para las arcas municipales pueden ser importantes, debido a la acumulación de los haberes adeudados y los intereses establecidos por la Cámara.
La abogada también señaló que los procesos contencioso-administrativos suelen ser prolongados y que recién comienzan a resolverse demandas iniciadas en 2024.
«Antes de la finalización de esta gestión, la Municipalidad va a tener que enfrentar los resultados de una política de ajuste sobre el empleado público totalmente ilegítima y responder con sumas millonarias la improvisación legal del tratamiento de este tema», concluyó.