El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la apelación presentada por la obra social y dejó firme la sentencia obtenida en una acción promovida por la abogada Selene Arriola, que ordena garantizar la cobertura integral de un tratamiento interdisciplinario.
Los hermanos Adorni siguen bajo la lupa de la justicia. El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga a Francisco Adorni, diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano menor del exjefe de Gabinete, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. El juez busca más información sobre el patrimonio de Francisco, del que se sospecha que de mínima falsificó sus declaraciones juradas, especialmente la de 2025, que tuvo tres rectificaciones. Pese a que ya dejó su cargo, el tormento de Manuel no se termina: la diputada Marcela Pagano reveló que Gendarmería ordenó “no informar más las novedades de la custodia en Indio Cuá”, en relación al privilegio que seguirá teniendo el exvocero en su casa del Conuntry pese a que ahora pasó a ser sólo eso, un particular con muchas propiedades y varios problemas en Comodoro PY.
La solicitud fue presentada por el fiscal Sergio Mola ante el juez Luis Armella, luego de que se conocieran imágenes en las que aparecerían millones de dólares ocultos en un vestidor atribuido a una vivienda compartida con su exesposa, Jésica Cirio. La Justicia deberá resolver si hace lugar al pedido.
La jueza Clara Mondragón Pafundi dispuso el sobreseimiento de Juan Martín Rebollo al extinguirse la acción penal por su fallecimiento. El ex policía había sido declarado culpable por un jurado popular por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de un arma y por haber cometido el hecho en ocasión de sus funciones. Permanecía detenido en la Alcaidía de Concordia a la espera de la sentencia cuando se quitó la vida el 15 de junio.
La Justicia de Concordia condenó a Patricia Lorena Encina por actos de crueldad y malos tratos contra tres perros que se encontraban en estado de abandono y desnutrición. La sentencia fue dictada tras un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad. Al respecto, el abogado querellante de la ONG ambiental Conciencia Animal, Eduardo Díaz, destacó que la resolución constituye un antecedente de relevancia para futuras causas de protección animal en Concordia.
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su posición contraria a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. En ese sentido, explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes. A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.
Una mujer de 78 años de San Miguel, provincia de Buenos Aires, denunció haber sido víctima de una estafa sentimental y económica que incluyó depósitos millonarios a nombre de la ex secretaria de la Mutual de Músicos de Concordia, Delia Catalina Martínez, condenada en 2025 por la venta fraudulenta de la sede de la institución.
“Esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar.
El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, dispuesto por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al hacer lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución judicial cuestiona la legalidad de la Resolución 943/2023, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede las facultades del Poder Ejecutivo.
La Justicia ordenó al gobierno provincial restituir los haberes retenidos a José María Lima, que habían sido suspendidos sin notificación previa. El ex “comandante Chelo” dejó de cobrar su sueldo en septiembre, cuando el Ejecutivo interrumpió el pago sin comunicarle ninguna medida formal. Tras el reclamo del trabajador, el gobierno inició un sumario administrativo en octubre, lo puso al tanto y publicó el decreto recién el 9 de noviembre. Ante esa secuencia de hechos, la Justicia intervino, frenó la quita salarial y dispuso el pago de los sueldos retenidos. Si bien se trata de una decisión provisoria y no se expide sobre la validez del sumario, el fallo constituye un revés judicial para la gestión de Rogelio Frigerio y marca un límite al uso de sanciones que impactan directamente sobre el salario de los trabajadores.