La denuncia penal promovida por las actuales autoridades de la Fundación Odeón contra María Fernanda Aragón y su padre, el expresidente Jorge Isaac Aragón (último intendente de Concordia durante la dictadura), contiene una serie de detalles que hasta ahora no habían trascendido públicamente. DIARIOJUNIO accedió al documento de siete páginas firmado por el presidente y la secretaria del Consejo de Administración, Osvaldo Pérez Hatoum y Gloria Warner, respectivamente, en el que se describen dos situaciones que, a criterio de los denunciantes, podrían configurar una administración fraudulenta en perjuicio de la institución.
El escrito no se limita a cuestionar el reclamo laboral de más de $1.800 millones iniciado por la hija del expresidente. Reconstruye también cómo se habrían decidido y liquidado sus remuneraciones durante años, quiénes impartían las instrucciones a los estudios contables y de qué manera Jorge Aragón intervino personalmente cuando su hija intimó a la Fundación a reconocer una antigüedad laboral que se remontaba a septiembre de 1998.
La calificación legal provisoria invocada es la de defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, en relación con los artículos 172 y 45. Los denunciantes aclaran que no pretenden atribuir responsabilidades penales definitivas, sino que la Fiscalía investigue los hechos, determine la intervención de cada persona y establezca si existió un perjuicio patrimonial para la entidad.
Un adicional salarial que habría superado en un 160% el básico convencional
El primer hecho se refiere a las remuneraciones que María Fernanda Aragón habría percibido desde agosto de 2016. Según la revisión documental realizada por la actual conducción, la trabajadora cobraba una suma sensiblemente superior a la establecida por la escala convencional correspondiente a su categoría.
La diferencia se instrumentaba principalmente mediante un concepto identificado en los recibos como «Adicional complementario de servicio». De acuerdo con el análisis preliminar, ese adicional representaba, en promedio, aproximadamente un 160% por encima del salario básico de convenio.
Los denunciantes hacen una aclaración: no consideran irregular que un empleador pague remuneraciones superiores a las previstas en el convenio colectivo. El cuestionamiento radica en que, según los libros de actas y la documentación institucional que revisaron, no encontraron ninguna resolución del Consejo de Administración que hubiera dispuesto, autorizado o ratificado ese beneficio.
La cuestión cobra mayor relevancia por el vínculo familiar entre quien percibía el adicional y quien presidía la institución. Jorge Isaac Aragón era entonces el presidente de la Fundación y María Fernanda Aragón, su hija y trabajadora dependiente.
La denuncia señala al contador Ricardo Begué, quien comenzó a realizar las liquidaciones del personal aproximadamente en noviembre de 2016. Según el relato incorporado al escrito, el profesional habría manifestado que, cuando inició esa tarea, María Fernanda Aragón se presentó personalmente en su estudio y le indicó expresamente cómo debía liquidarse su remuneración y qué importes adicionales debía percibir.
También mencionan al anterior contador de la institución, Julio Schmukler, un reconocido profesional que en agosto de 2026 fue condenado en el marco de la megacausa por fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Según los denunciantes, Schmukler habría señalado que las decisiones de esa naturaleza eran adoptadas habitualmente por Jorge Isaac Aragón.
Por ese motivo, la denuncia solicita que ambos profesionales sean convocados a declarar para reconstruir quién impartía las instrucciones, bajo qué condiciones y si existía alguna decisión del órgano de administración que respaldara los pagos.
La presentación sostiene que, durante ese período, la gestión administrativa cotidiana habría quedado fuertemente concentrada en Jorge Isaac Aragón y su hija, mientras el resto del Consejo de Administración perdía intervención, información y acceso efectivo a decisiones económicas relevantes.
En ese sentido, los denunciantes afirman que María Fernanda Aragón no se habría limitado a cumplir tareas materiales propias de una empleada administrativa. Le atribuyen intervención directa en las relaciones con los estudios contables, instrucciones para liquidaciones salariales, pagos y gestiones vinculadas con el funcionamiento económico ordinario de la entidad. Incluso sostienen que, en los hechos, ella y su padre disponían y comprometían el patrimonio de la Fundación.
La investigación contable solicitada apunta a determinar cuánto cobró efectivamente la trabajadora desde agosto de 2016 hasta la finalización de la relación laboral, qué importes correspondían según el Convenio Colectivo de Trabajo 291/75, cuánto representaron los adicionales y qué decisiones institucionales respaldaron cada pago. También piden revisar las remuneraciones percibidas desde julio de 2003 hasta agosto de 2016 y establecer el eventual perjuicio económico acumulado.
La carta documento del padre que después fue utilizada en la demanda
El segundo eje de la denuncia se relaciona directamente con el reclamo laboral de $1.812.723.523,99 que María Fernanda Aragón inició contra la Fundación.
El documento reconstruye un intercambio ocurrido en marzo de 2025, cuando Jorge Isaac Aragón todavía ejercía la presidencia de la entidad y su hija ya había intimado a la institución a modificar su registración laboral.
El 11 de marzo de 2025, María Fernanda Aragón remitió un telegrama laboral en el que sostuvo que su verdadera fecha de ingreso había sido el 16 de septiembre de 1998 y que la relación laboral permaneció sin registrar hasta julio de 2003.
Cuatro días después, el 15 de marzo, su padre respondió mediante una carta documento en su condición de presidente de la Fundación.
Para las actuales autoridades, esa contestación presenta dos irregularidades. La primera es que Aragón habría respondido unilateralmente, sin someter previamente el asunto al Consejo de Administración ni contar con el conocimiento o autorización de sus integrantes. La segunda es que firmó la comunicación solamente en su condición de presidente, pese a que el artículo 15 del estatuto establece que debe suscribir conjuntamente con el secretario las actas, la correspondencia y los demás documentos de la Fundación.
Sin embargo, el cuestionamiento de mayor relevancia económica no está puesto únicamente en esa formalidad.
Según el análisis de los denunciantes, Jorge Aragón no negó la fecha de ingreso invocada por su hija ni sostuvo que las actividades realizadas entre septiembre de 1998 y julio de 2003 hubieran constituido una colaboración de otra naturaleza y no una relación laboral dependiente. Por el contrario, comunicó que había impartido instrucciones al contador de la Fundación para que verificara y, eventualmente, rectificara las registraciones laborales.
Esa respuesta adquirió particular importancia cuando María Fernanda Aragón presentó posteriormente su demanda judicial. Según señala la denuncia, la trabajadora utilizó aquella carta documento como un supuesto reconocimiento de la deficiente registración laboral por parte de la propia Fundación.
Es decir, quien respondía el reclamo era su padre, que en ese momento tenía a su cargo la representación y administración de la institución contra la cual su hija estaba formulando una intimación laboral.
¿Trabajadora desde 1998 o colaboradora hasta 2003?
Para cuestionar la antigüedad invocada por María Fernanda Aragón, los actuales administradores plantean que las actividades que habría desarrollado antes de julio de 2003 no constituían una relación laboral dependiente, sino colaboraciones de carácter benévolo durante los primeros años de funcionamiento de la institución.
Como elemento documental, mencionan la historia laboral de ANSES incorporada por la propia reclamante, en la que la relación con la Fundación Odeón aparece registrada a partir del 10 de julio de 2003.
Los firmantes consideran que tanto Jorge Isaac Aragón, por su participación en la institución desde sus comienzos y sus años al frente de la conducción, como su hija, por haber intervenido personalmente en aquellas actividades, conocían las circunstancias en que se habían desarrollado esas colaboraciones anteriores.
Por eso, plantean que la Fiscalía debería determinar si la decisión del expresidente de no controvertir la fecha de ingreso invocada por su hija fue simplemente una actuación administrativa irregular o si, por el contrario, pudo tratarse de una intervención deliberada para fortalecer o generar un crédito patrimonial a favor de ella y en contra de la propia Fundación.
La diferencia no es menor. En su demanda laboral, María Fernanda Aragón tomó como fecha inicial de la relación el 16 de septiembre de 1998, computó 28 años de antigüedad y formuló un reclamo por despido, rubros laborales y daños cuya liquidación asciende a $1.812.723.523,99, más intereses y otros conceptos.
Los actuales administradores sostienen que la respuesta de Aragón pudo haber contribuido a darle sustento documental a esa pretensión judicial, comprometiendo los intereses patrimoniales de la institución que tenía a su cargo administrar.
Los dos hechos y una misma hipótesis
En un apartado específico, la denuncia relaciona los dos episodios y sostiene que no deberían analizarse como acontecimientos completamente aislados.
Por un lado, describe el pago durante años de adicionales salariales a María Fernanda Aragón sin una decisión conocida del Consejo de Administración. En ese punto, incorpora los testimonios que atribuyen a la propia trabajadora y a su padre la impartición de instrucciones a los contadores.
Por otro, cuestiona la intervención personal de Jorge Isaac Aragón ante el reclamo laboral de su hija, sin consultar al órgano de administración y sin controvertir un extremo central de la intimación que luego fue utilizado en el juicio.
La hipótesis que proponen investigar es que pudo existir una gestión patrimonial desarrollada en beneficio particular de María Fernanda Aragón y en detrimento de los intereses económicos de la Fundación, aprovechando el expresidente las facultades derivadas de su cargo. También piden determinar si la hija intervino como autora o partícipe, teniendo en cuenta las funciones administrativas que, según sostienen, habría desempeñado.
En este punto, la presentación hace una distinción: no da por acreditada la responsabilidad penal de la trabajadora, sino que solicita investigar cuál era el alcance real de sus funciones y si tenía a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de intereses patrimoniales de la entidad.
2 comentarios
Jorge
Los sangre azul venidos a menos dando sus últimos manotazos de ahogado . Padre que beneficia laboralmente a su hija para que lo pague otro, pero que bonita y evidente ladroniada . Che hay q nombrar al abogado que patrocina esa matufia de guantes blancos. El abogado que redacto la demanda es tan cómplice como los Aragón .
Richard
Menos mal que los únicos que cometen asociación ilícita y afanan somos siempre los peronistas. Con éste antecedente, nunca se investigó del paso de jorge aragon por el municipio cuando fue intendente de facto durante el proceso cívico militar eclesiástico.