La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 360/2023, lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Según el decreto, la Secretaría de Niñez, Adolescente y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo Social, será la Autoridad de Aplicación de la Ley y estará facultada para celebrar acuerdos o convenios con los organismos y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, con el fin de impulsar el Plan Federal de Capacitación.

Estos convenios de capacitación también podrán extenderse a las administraciones provinciales y municipales, así como a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales que formen parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de impartir las capacitaciones correspondientes. Es importante destacar que el incumplimiento de estas capacitaciones será considerado una falta grave y estará sujeto a las sanciones establecidas por la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional.

La Ley Lucio, que fue aprobada por el Congreso Nacional el 13 de abril de este año, establece que la Senaf debe elaborar un curso de formación inicial dentro de los 90 días posteriores a la publicación del decreto 360/2023. Este curso estará orientado a promover el buen trato, prevenir y detectar tempranamente la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como difundir recursos para brindar asesoramiento, abordar casos de violencia y realizar denuncias.

Uno de los aspectos destacados de la ley es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de derechos. Se busca garantizar la reserva de identidad del denunciante y proteger su integridad. Además, la normativa enfatiza la responsabilidad de los funcionarios públicos de comunicar cualquier vulneración o amenaza de derechos, así como recibir y tramitar las denuncias de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Abuso en la Infancia.

La Senaf tendrá la tarea de realizar un relevamiento de los mecanismos existentes en cada jurisdicción para resguardar la identidad y proteger la integridad de los denunciantes, tanto en el ámbito administrativo como judicial. A partir de este relevamiento, se impulsará la implementación de las herramientas necesarias en aquellos ámbitos de la Administración Pública Nacional que aún no cuenten con dichos mecanismos de resguardo.

La ley también establece la elaboración de campañas de concientización anuales a cargo de la Senaf, con el objetivo de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sensibilizar a la ciudadanía al respecto.

En su rol como autoridad de aplicación, la Senaf deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible, proporcionando indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas.

Cabe destacar que el proyecto de ley surgió a raíz del trágico asesinato de Lucio, un niño de cinco años, ocurrido en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Por este crimen, su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, fueron juzgadas y condenadas a prisión perpetua.