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Colón: tras la imputación a un policía por agresión a una mujer, el abogado querellante pide el apartamiento de la fuerza
La investigación por la agresión sufrida por Nilda Mabel Viollaz el pasado 18 de marzo en la ciudad de Colón ha avanzado con la imputación y citación a indagatoria del efectivo policial señalado como autor del hecho por el delito de lesiones graves y agravadas por el hecho de haber sido cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con abuso de autoridad. El abogado querellante Martín Jáuregui explicó esta mañana a DIARIOJUNIO que lo que le llama la atención es el accionar de las autoridades del gobierno que no han apartado al efectivo quien sigue prestando funciones. “Si no hacen lo que corresponde, que es apartarlo, es como que toman partido. La familia tiene miedo en Colón porque pasan los patrulleros: tienen miedo de represalias”. A su vez, pidió equidad de criterios ya que por otro hecho en Paraná, una agresión a un albañil que le produjo una lesión en una de sus rodillas, se apartó a tres funcionarios policiales. Jáuregui dijo que eso se debió a que fueron filmados pero se trató de un hecho “muy menor” frente a lo acontecido en Colon. “No veo que desde el gobierno se tome nota de esta situación”.

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“Lamentablemente esto fue producto de un procedimiento a mi criterio irregular y defectuoso desde donde se lo mire, más allá de la defensa que se ha hecho de la Policía”, indicó. El letrado sostuvo que el legajo investigativo apunta a un policía y no contra la institución policial ya que lo que se investiga es la conducta asumida por el delito por el que se lo imputó y no el procedimiento en su totalidad.

Aquel día, en calle Río Iguazú, entre Leguizamón y Montenegro, un grupo de vecinos, entre los que se encontraban una hija y una nieta de Nilda Mabel Viollaz, se manifestaban pacíficamente reclamando justicia por la muerte de Agustina Valdez, una joven que, según trascendió, habría sido víctima de abuso y posteriormente se quitó la vida. “La gente ya se había dispersado por lo que había sucedido que fue una especie de pueblada. Eran mujeres y niños, no había hombres. Al violador ya lo habían sacado y en forma absolutamente injustificada un policía comenzó arrojar postas de goma que, en realidad, no son de goma sino de plástico”. Se trata de un efectivo identificado como Carlos Adolfo Meyer.

“A quemarropa, a tres metros, le tira a esta mujer y le introduce cinco postas en la zona de la rodilla. Además del diaño periférico en algunas zonas blandas, le terminan rompiendo arterias y provocado una enorme hemorragia poniendo en riesgo su vida”, expresó Jáuregui. El abogado sostuvo que la Policía no colaboró llamando a una ambulancia para trasladar a la mujer al hospital San Benjamín de Colon sino que fueron los mismos vecinos quienes la llevaron al nosocomio. “Le  hicieron una intervención quirúrgica de cuatro horas. Fue una cirugía mayor para salvarle la vida”.

No obstante, el letrado remarcó que la mujer quedó bajo los efectos de una depresión importante y a ello le sumó que aun se le debe realizar otra cirugía. “Ya no le garantizan y, es más, le adelantan que no va a recuperar la movilidad de la rodilla”. “Es una lesión grave e irreversible provocada por el accionar eventualmente delictivo”. Jáuregui añadió que a Meyer ya se lo investigaba por otros hechos anteriores de agresiones injustificadas. A su vez, sostuvo que si se logra una condena penal, Jáuregui dijo que quedará libre la vía para el reclamo civil por daño moral a la víctima. “No tengan dudas que vamos a ir contra la provincia por los daños y perjuicios a esta mujer que son enormes”, indicó.

Jauregui recordó que pidieron el apartamiento del efectivo porque la familia tiene temor a represalias. Y destacó que las primeras investigaciones quedaron a cargo de la Prefectura y la querella fue la que ofició para que los testigos del hecho puedan presentarse a declarar en la Fiscalía para que no sean trasladados por la Policía.

El letrado recordó su historial en la investigación de casos de gatillo fácil de la Policía de Entre Ríos. Y recordó los sucedido en 2003: el caso de Víctor Balbuena: un joven que tenía 20 años y algunos antecedentes policiales. Dos días después de ser detenido en una bailanta, fue encontrado muerto con varios golpes en la cabeza, semisumergido en el arroyo Ayuí de las afueras de Concordia. Por el homicidio cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua en 2005.

Desde ese momento, dijo que hubo un cambio en las políticas del gobierno provincial y ya no había actitudes de defensa corporativa. “Los dejaban librados al devenir de la causa, se los apartaba y se les sacaba le arma pero nada de eso ocurre en este caso particular donde sigue en funciones”, indicó. “A mi criterio, se constituye en un peligro para la sociedad civil. Las autoridades policiales defienden el accionar de Meyer según algunas manifestaciones que han tenido los jerarca policiales de la Jefatura Departamental de Colon”, expresó.

El letrado le pidió al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, que empiece a mirar con atención los últimos hechos ya que hay varios casos de excesos y hasta una muerte, la de Ariel Goyeneche de 38 años en febrero pasado frente  a la Comisaría 2° de Paraná, que se está investigando también. Y sostuvo que “esta es la Policía de Frigerio”. “No es la Policía de Busti, ni la de Montiel ni la de Urribarri”.

 

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