Mauricio Javier Gómez, sargento de la Policía de Entre Ríos, está imputado por el delito de homicidio calificado por el abuso de la función y agravado por ser funcionario público en el marco de un procedimiento realizado en Gualeguaychú. Hace un poco más de dos años durante el primer juicio por jurados populares sus doce integrantes no lograron un acuerdo unánime y el proceso se declaró estancado. El jueves se conformará un nuevo tribunal popular.

Si el negacionismo fuera un discurso ya sería grave. Pero lo realmente grave es que la práctica negacionista es letal y no le importan las leyes. Las leyes que tienden a proteger derechos son fácilmente obviadas. Hay Imperios más fuertes que el de la Ley. El Imperio del Poder, sin ir más cerca. El negacionismo abarca mucho y aprieta más.

En la madrugada del 24 de septiembre de 2016, Sebastián Briozzi falleció luego de recibir un balazo en el cuello, en el medio de una persecución policial que se originó en la zona de la Costanera de Concordia y que terminó trágicamente en inmediaciones de la escuela Normal. El disparo mortal fue efectuado por el sargento Antonio Acosta, quien disparó contra el vehículo que era conducido por el chico de 20 años. Dos años más tarde, en septiembre de 2018, Acosta fue condenado a 18 años de prisión. Esta tarde, a casi siete años del caso de ‘gatillo fácil’, familiares descubrieron un recordatorio en la esquina de Quintana, casi San Luis, sobre uno de los laterales de la Caja Mixta. Emiliano Quinteros, director de Gestión de Casos de Violencia Institucional que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó que este tipo de casos son “lamentablemente un resabio de los años de impunidad de la Dictadura”. “Son prácticas internas que quedaron en las fuerzas de seguridad y lamentablemente son hechos que ocurren en todos los distritos del país, en las provincias”, remarcó. ¿Qué pasa cuando suceden este tipo de casos de gatillo fácil? “Aparece un arma que no es de la víctima”, dijo Quinteros a DIARIOJUNIO.