Pero para desarrollar el contexto, sabemos que la parodia del juicio contra la ex presidenta se hizo sobre la evaluación de las obras de Vialidad en la provincia de Santa Cruz y la presunta vinculación con las licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez. Se hicieron solo sobre 5 (cinco) de las 51 adjudicaciones, y se presentó un estudio sacado de una obra de ingeniería desarrollada en Chile, porque los fiscales argentinos no tenían ni idea de cómo sustentar la prueba. Hecho que demostró el doctor Beraldi en su defensa magistral con pruebas contundentes. A pesar de ello, el juicio continuó con la sentencia de la acusada por jueces que compartían juegos deportivos en la quinta Los Abrojos, propiedad de quién sino de Mefistófeles… perdón, de Mauricio Macri, que colonizó la Justicia desde el mismo momento en que asumió el poder en 2015, obligando al juez Casanello a que lo desprocesara de un delito que estaba en las últimas instancias.

Ahora, ante el temor del poder corporativo, de la oligarquía profunda y de la derecha perversa neoliberal que ha entregado el país a las corporaciones, aprietan a los jueces para que se pronuncien condenándola y además con la proscripción para ejercer cualquier cargo público. Pero hete aquí donde la maquinaria infernal de la Justicia, sodomizada por Mauricio Macri, utiliza un instrumento legal que le da la membresía del poder supremo para ejecutar una sentencia anunciada. Pero da la casualidad que dos de los tres jueces supremos arribaron a la Corte tras una maniobra de evidente ilegalidad: ser nombrados por un decreto, sin haber pasado por la aprobación del Congreso.

Tanto es así que apenas cuatro días después de haber asumido la presidencia, nombró a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como nuevos integrantes de la nueva Corte Suprema, a pesar de que la Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, prohíbe ese acto por un simple decreto autónomo, por más que sean jueces «en comisión». ¿Y por qué tiene que pasar por el Congreso? Porque el decreto 222/03 garantiza la participación de la sociedad, en caso de que hubiera una impugnación y la valoración exhaustiva de su idoneidad ética. Hecho que Macri pasó por alto, porque la palabra «ética» no figura en su pequeño diccionario, ya que no se cumplieron las tres etapas para la designación.

De la misma manera que subió de categoría a dos jueces más —Bruglia y Bertuzzi— a la de camaristas, para blindarse de las más de 200 causas iniciadas en su contra. Lo mismo quiso hacer Milei con el Dr. Mansilla, para tener un reaseguro tanto en el presente como en el futuro.

Pero lo mismo pasó en Brasil, cuando destituyeron a Dilma Rousseff y a Ignacio Lula da Silva, por el infame juez Tomás Moro, que después confesó que fue obligado por el Departamento de Estado de EE. UU.

Tanto en Brasil como en Argentina, fueron los «yanquis» los que introdujeron ese procedimiento para evitar que el denostado «populismo» pudiera retomar el poder.

La gran mayoría del pueblo desconoce estas y otras circunstancias que, lamentablemente, determinan su destino.

¡Sin justicia no hay patria posible!