Sergio Urribarri realizó un descargo público luego de que el juez de Garantías Julián Vergara rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa, así como la nulidad de la evidencia digital incorporada a una causa judicial en su contra. La acusación sostiene que el exembajador en Israel favoreció a la firma «Relevamientos Catastrales S.A». con el objetivo de generar un lucro indebido para sí mismo y para el presidente de la empresa, Diego Cardona Herreros, con quien mantenía una relación de amistad.
En el texto difundido en sus redes, Urribarri plantea que el fallo forma parte de un accionar “recurrente” de un sector del Poder Judicial, al que acusa de estar “politizado, parcial y guardián de sectores económicos poderosos del país y la provincia”, especialmente en el marco de un “año electoral”. Según sus palabras, se busca “neutralizar” tanto a su figura como al espacio político que representa.
En su descargo, el ex gobernador critica el texto de la imputación ya que los fiscales sostienen que «las supuestas actividades ilícitas comenzaron en 2007, mientras Sergio Urribarri era ministro de Gobierno” (sic)». En ese sentido, recuerda que desde el 14 de septiembre de 2006 había solicitado licencia para dedicarse a su campaña a gobernador, licencia que fue concedida al día siguiente. Luego, el 19 de marzo de 2007 se le aceptó formalmente la renuncia, y el 10 de diciembre de ese mismo año asumió como gobernador. “Desde el 14 de septiembre de 2006 hasta el 10 de diciembre de 2007, no tuve ningún cargo en el Poder Ejecutivo provincial”, asegura. Según su defensa, este dato es clave para excluirlo del tipo penal atribuido, que exige que el autor del hecho sea funcionario público.
En la misma publicación, el exmandatario también cuestiona la validez de la evidencia digital utilizada por la Fiscalía, señalando que «fue obtenida de forma irregular». Denuncia que dicha prueba fue recolectada por personas no matriculadas, sin respetar las normas sobre incumbencias profesionales, violando la ley que regula la actividad de los colegios profesionales y sin la presencia de los abogados defensores, como exige el Código Procesal Penal de la provincia “bajo pena de nulidad”.
Tras ello, afirma que «estos procedimientos judiciales se repiten desde hace casi diez años» y los vincula con operaciones políticas y mediáticas. Además, menciona vínculos entre sectores del Poder Judicial y figuras políticas actuales, como la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y advierte sobre presuntas presiones, acomodos de familiares y amigos, nombramientos “entre gallos y medianoche” y la utilización de “carpetas” contra dirigentes justicialistas. También cuestiona el silencio de muchos sectores del PJ frente a lo que describe como una avanzada judicial y mediática.
Finalmente, el exgobernador señala que apelará el fallo, al que califica como “ilegal” y “contrario a las normas jurídicas, constitucionales y convencionales”, y cierra su descargo con una crítica al actual estado del Partido Justicialista provincial, al que acusa de «haberse alejado de la militancia y de ceder ante los intereses del poder económico concentrado, lo que conduce al debilitamiento del peronismo y a la pérdida de representación política»
La causa
La causa judicial investiga la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. para desarrollar software destinado a la administración pública de la provincia de Entre Ríos. La acusación sostiene que Sergio Urribarri, “en su calidad de Ministro de Gobierno primero y luego como gobernador”, favoreció a la firma a partir de enero de 2007 con el fin de generar un beneficio económico indebido para sí mismo y para Diego Cardona Herreros, presidente de la empresa y allegado personal del exmandatario.
Además de Urribarri y Cardona Herreros, también están imputados exfuncionarios del Ministerio de Economía y de otras áreas del gobierno provincial entre 2007 y 2015: Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; José Laporte, secretario Legal y Técnico; Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas; Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo; y José Flores, secretario de Hacienda.
Las defensas —entre ellas, la del abogado Miguel Ángel Cullen, que representa a Urribarri— cuestionan la base misma de la acusación, señalando que el exgobernador no era funcionario público en el momento en que, según la Fiscalía, comenzaron los hechos investigados. Indican que Urribarri estaba con licencia desde septiembre de 2006, había renunciado formalmente en marzo de 2007 y no regresó al Ministerio de Gobierno, por lo cual no podía haber incurrido en un delito que requiere la condición de funcionario.
Allí mismo, sostienen que los actos administrativos bajo investigación fueron legales y que la contratación de la firma correspondía al ámbito del Ministerio de Economía, cuyo titular en ese período era Diego Valiero. En un primer relato de los hechos, Valiero fue mencionado por la Fiscalía, pero posteriormente quedó fuera de la acusación.
