“Este proyecto no viene a complejizar nada, sino a complementar las normativas ya existentes, para que no queden aristas por donde se produzcan infracciones”, explicó Amiano. Además, aclaró que la ordenanza, en caso de aprobarse, deberá ser reglamentada por el Ejecutivo municipal.

La iniciativa surge como respuesta a una práctica que se repite con frecuencia: construcciones que avanzan sin respetar los marcos legales, para luego intentar regularizarse mediante excepciones. Esta modalidad no solo va en contra de la normativa, sino que perjudica a quienes sí actúan dentro del marco legal, generando una competencia desleal entre profesionales.

El proyecto establece un marco sancionatorio específico. Serán responsables directos los profesionales (arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obras, técnicos), las empresas constructoras y también los propietarios. Las sanciones van desde amonestaciones y multas económicas hasta la suspensión del uso de la firma profesional o, en casos graves y reiterados, la cancelación definitiva del permiso para ejercer en el ámbito municipal.

Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la creación de un Registro Municipal de Profesionales Infractores Recurrentes, que estará disponible para consulta pública en la web del municipio. Según explicó Amiano, este instrumento busca aportar transparencia y desincentivar conductas irregulares.

También se contemplan sanciones específicas para los propietarios: paralización inmediata de las obras, demolición de lo construido en infracción y recargos en la Tasa General Inmobiliaria si no se cumple con las órdenes de regularización dentro de los plazos establecidos.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto no deroga ninguna normativa vigente, sino que la refuerza. “Se presume el pleno conocimiento de la normativa por parte de los profesionales y empresas constructoras, por lo que toda contravención se considerará una falta grave de carácter técnico y ético”, señala el artículo 6 del proyecto.

Otra novedad es que ninguna solicitud de excepción posterior a la infracción podrá suspender o anular las sanciones previstas. Las excepciones deberán tramitarse ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, reforzando el control institucional y evitando discrecionalidades administrativas.

Para Amiano, se trata de “cerrar la puerta a las infracciones antes de que ocurran”, promoviendo una ciudad más ordenada, con reglas claras, ejercicio profesional responsable y un urbanismo que se construya desde el respeto por la norma.