“No puedo permitir que el Estado quiebre porque tengo una ley que me obliga. Cuando se sancionar una ley que aumenta el gasto, tiene que ponerse de donde vienen esos recursos”, citó la edil de LLA. La alusión no fue a una frase del presidente actual, Javier Milei, sino que –explicó- la autora de la misma fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue en octubre de 2010, cuando dejó sin efecto la ley que impulsaba el 82 por ciento móvil para los jubilados porque significaba el “desfinanciamiento del Estado”.

“El presidente Javier Milei vetó recientemente la ley que establecía un aumento del 7,2 % a los jubilados y declaraba la emergencia en discapacidad. Esta fue una decisión fiscalmente necesaria. Ninguna de las iniciativas especificaba como se financiaría. Defender el equilibrio fiscal no es un capricho: es una condición básica para sostener cualquier política pública en el tiempo”, destacó Pessolani Beichet.

“El veto fue un acto de responsabilidad institucional que evita el colapso del sistema previsional y previene a futuras generaciones de crisis aun más profundas que las que nos dejaron en la Nación u en la Provincia”, expresó. «Milei eligió decir la verdad: gobernar también es evitar las mentiras cómodas que hipotecan el futuro”. “Lo verdaderamente justo es que las jubilaciones no dependa de imprimir billetes  sino de un sistema solido, transparente y justo”, añadió.

No obstante, la concejal Carolina Amiano expresó la postura de la oposición.  “La ley de discapacidad muchas familias las están esperando y están luchando. Lo que busca esta norma es actualizar los aranceles de las prestaciones por inflación. Y crear una pensión no contributiva equivalente al 70 %  del haber mínimo. Estas familias necesitan imperiosamente del acompañamiento de profesionales  de la medicina, acompañantes terapéuticos, medicamentos, traslados, tratamientos específicos”, indico.

Además, la edil del PJ mencionó que las personas que atienden a esos pacientes “presentan una factura en el mes de enero y la cobran en mayo”. “¿De qué manera sostiene a su familia ese personal que trabaja a ese personal que acompaña a esas personas con discapacidad para hacerle la vía más accesible?”, se pregunto. “Creo que no se trata de números fríos como quiere mostrar la Presidencia de la Nación”.

La apelación al equilibrio fiscal no puede ser una excusa válida para justificar la motosierra contra los sectores más vulnerables como los adultos mayores y las personas que padecen algún impedimento físico o psicológico, abandonando a quienes más necesitan de la protección del Estado.