La inquietud comenzó el jueves pasado cuando fue publicado en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay, la comunicación del Proyecto “Planta de E-combustibles HIF Paysandú”, luego de un trabajo conjunto realizado entre la empresa y el nuevo gobierno uruguayo. “Esto constituye uno de los primeros pasos administrativos requeridos para la aprobación del proyecto, en los que se considera la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), ratificando —para preocupación del pueblo colonense— la voluntad de las partes de avanzar con la refinería de combustibles frente a las playas de Colón”, indicaron desde la Asamblea.

Al día siguiente, viernes, sindicatos, prestadores turísticos y vecinos y vecinas de Colón se han convocado en Plaza Artigas de la ciudad de Colón para analizar estas nuevas informaciones y las acciones concretas a llevarse a cabo para visibilizar la problemática. En este encuentro se sostuvo de manera unánime la negativa social a la instalación de este proyecto y la necesidad de llevar adelante acciones para difundir la problemática a nivel local, provincial, nacional e internacional, buscando también las vías judiciales e institucionales que solucionen la escalada de un posible conflicto entre países.

En base a lo presentado, referentes de organizaciones sociales y ambientales, tanto de Uruguay como de Argentina, manifestaron su preocupación, ya que el texto presentado detalla cuestiones alarmantes:

• El lugar de emplazamiento sigue estando a 3.500 metros de Colón, las alturas de las antorchas, en lugar de 40 metros de altura, tendrán 80 metros, sobre las que flameará de modo continuo llamas de más de 7 metros. Al respecto, Morisz sostuvo que el impacto en el turismo es inevitable. “No es lo mismo entrar en el río a bañarte en un lugar de esparcimiento a entrar enfrente a una industria de estas características”.
• La producción anual de metanol ya no será de 560.000 tn/año como se declaró inicialmente, sino de 870.000 tn/año. Además, el agua que extraerán del río Uruguay será de 450 litros por segundo.
• El CO₂ a utilizar de ALUR será de apenas 5 % del total (en lugar del 30 %), por lo que se cae el argumento repetido hasta el cansancio de que la empresa necesitaba de la cercanía a ALUR por ese motivo. El 95 % provendrá de la quema de madera y descarte de la industria forestal. “Esa quema generará 30.000 tn/año de cenizas, sin mayores precisiones de cómo tratarán ese residuo”, expresaron.

Por otra parte, mencionaron que el listado de riesgos potenciales del funcionamiento de la planta va desde “severos a catastróficos”, los que se minimizan con simples propuestas de “manejo” que mitigarían esos impactos. Insistimos en que el riesgo cero en este tipo de industrias “no existe”. “Siempre existen en este tipo de industrias accidentes, fallas humanas que pueden generar algún incidente y no estamos hablando de cosas pequeñas. Son combustibles muy inflamables que pueden provocar problemas a la salud”, expresó la asambleísta. A su vez, los vientos en la zona de Colón son predominantes del sector este todo el año. Lo que se despida por las antorchas llegará a través del aire a la ciudad entrerriana.

De la misma forma, el Ministerio de Ambiente de la ROU ha asignado a este proyecto la Categoría C, en la cual se clasifican los proyectos con impactos ambientales negativos o positivos significativos, por lo cual requieren de un Estudio de Impacto Ambiental Completo (EsIA) y Audiencias Públicas Obligatorias.

“Todos estos cambios indican la ausencia de seriedad de la empresa y la ausencia de responsabilidad del municipio de Paysandú, que acepta elevar la altura de las antorchas sin sustento técnico sobre la situación que se menciona ahora. No se puede dejar de considerar las manifestaciones del presidente Yamandú Orsi, quien dijo respecto a las chimeneas, ‘o me las corren o me las bajan…’. Se ve que al actual intendente Olivera poco y nada le importa lo que dice el presidente de la República”, indicaron.

Morisz destacó que la empresa no es titular de los padrones asignados, sino que su vinculación es de «promitente comprador», con compromiso de compraventa firmado, argumento sostenido hasta el momento para no aceptar la relocalización del proyecto. “No compraron todavía los terrenos”, explicó. A su vez, la asambleísta dijo que el argumento consistente en que no pueden establecerse en otro sector debido a que ya se compraron los terrenos, sostuvo que si se habla de una inversión de US$ 6.000 millones, no es convincente.

Morisz sostuvo que una de las hipótesis que genera malestar es que el turismo en la ciudad se verá sumamente afectado. “Se va a desvalorizar tremendamente. Pierde valor la estadía, las propiedades No es solo un tema ambiental sino que también es un tema de la explotación que hoy tiene la ciudad que se va a modificar sin ninguna compensación”, expresó. Por ello, recalcó que se ponen en juego los puestos de trabajo, los valores de las propiedades y de los comercios.

Desde la Asamblea sostuvieron que no son buenas noticias las que llegan del otro lado del río, el proyecto avanza, pero “no está todo perdido”. Son muchos pasos los que todavía faltan y en los que el gobierno uruguayo puede dar marcha atrás con el proyecto, como ya ocurrió en otras oportunidades. Por ello, señalaron que es fundamental movilizarse. Teniendo en cuenta lo sucedido en Gualeguaychú en su momento, con la instalación de Botnia y el corte del puente que unía esa ciudad con Fray Bentos, Morisz admitió que intentarán evitar que el conflicto escale. “Eso dejó huellas en la comunidad y no se quiere llegar a esa instancia, pero las cuestiones siguen sin resolverse y hay que ver cuál va a ser la reacción de la comunidad si esto no se resuelve”, manifestó.