La presentación judicial fue realizada por el abogado y ex concejal Daniel Cedro (PJ) y toma como punto de partida la nota publicada por el diario El Entre Ríos el 20 de septiembre bajo el título “Proveedores se sienten estafados. Les pidieron mercadería anticipada, luego los dejaron fuera de la licitación y no les devolvieron el dinero”, donde se expone un conflicto entre el Municipio y las firmas Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS.
“Mercadería a cuenta” de una licitación no adjudicada
De acuerdo con la información difundida y ratificada en un Recurso de Revocatoria presentado ante el intendente Francisco Azcué, ambas empresas aseguran que funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Humano les pidieron adelantar mercadería bajo el argumento de que ciertos dictámenes ya los daban como adjudicatarios de una licitación de alimentos. Según la nota y el recurso adjunto, el pedido habría sido realizado por el entonces jefe del Departamento de Compras, identificado como Luis Araujo, a instancias del subsecretario de Desarrollo Humano, Roberto Niez, alegando razones de urgencia para dar “formal inicio” a una orden de compra que todavía carecía del acto administrativo –decreto– que debía perfeccionarla. En base a ello, se sostiene que un camión supuestamente municipal retiró la mercadería en ese momento, sin instrumento legal que habilitara la operación. Incluso, en el expediente municipal 1.359.035 se detallan los productos entregados y se afirma que equivalían al 64 % del total licitado.
Confiados en esa versión, Ahora Voy SRL dice haber entregado productos por $7.348.000 y Partarrié Distribuciones por $13.622.047. Sin embargo, poco después el Ejecutivo emitió el decreto 903/2025 que desestimó sus ofertas. El Concejo Deliberante acompañó esa decisión en forma unánime y ambas firmas quedaron fuera del padrón municipal de proveedores, sin recuperar lo entregado ni percibir el pago correspondiente, según reclamaron.
El argumento oficial del municipio fue el “estado público de sospecha” que pesa sobre estas firmas por una investigación judicial en curso sobre supuestas irregularidades en la provisión de alimentos a comedores escolares que dependen de la provincia. Si bien hasta el momento los Partarrié no están imputados en esa causa, la Municipalidad consideró suficiente esa situación para cortar todo vínculo contractual.
En su escrito, Cedro subraya que el procedimiento narrado en la nota periodística viola la normativa municipal de contrataciones, que exige como paso previo la emisión de un decreto de adjudicación, la orden de compra y el acta de recepción de bienes y servicios. “El procedimiento administrativo está reglado y no puede quedar librado a la discrecionalidad de funcionarios ni particulares”, señala. Dicha petición se enmarca en las previsiones del artículo 5° del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos; ya que se trataría de un hecho que afectaría a la administración municipal sin perjuicio de la eventual participación de particulares.
El ex concejal plantea que la modalidad de pedidos anticipados, presentada incluso como habitual por los proveedores de apellido Partarrié, configura un modus operandi irregular en la gestión de compras públicas.
Este dato no resulta menor si se tiene en cuenta que los proveedores –Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones– tienen una gran cantidad de licitaciones y compras directas adjudicadas, conforme al portal de transparencia del propio municipio que es de consulta pública.
Entre los interrogantes que formula, resalta: ¿Cómo se imputó esa mercadería a una licitación que aún no estaba perfeccionada? ¿Qué constancias oficiales existen del retiro y entrega? ¿Se labraron actas de recepción o se confeccionaron documentos antedatados?
Para Cedro, cualquiera de las hipótesis “es reñida con la legalidad” y abre la posibilidad de la comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o exacciones ilegales (La cobranza de dinero, impuestos, tasas o cualquier otro tipo de contribución por parte de un funcionario público de manera ilegal o indebida).
En su presentación, Cedro pidió que la Fiscalía disponga el secuestro de los expedientes completos de licitaciones y compras directas en las que participaron las firmas involucradas, así como las facturas, remitos, recursos administrativos y reclamos de cobro que consten en la Municipalidad. También sugirió realizar inventarios de mercadería en depósitos, arqueos y entrevistas a funcionarios y proveedores.
Por último, el abogado y ex concejal insiste en que, aunque existe otra investigación judicial en curso vinculada al suministro de alimentos escolares, los hechos denunciados constituyen un episodio distinto que merece ser esclarecido.
Padre e hijo en el centro del escándalo por la estafa a los comedores escolares en Concordia
