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Presuntas compras sin orden: qué exige el pedido de informes de los concejales justicialistas al Municipio por el caso Partarrie
El bloque de concejales del Justicialismo presentó este miércoles un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en un plazo de 72 horas, entregue documentación y brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en la Licitación Pública N° 11/2025. El oficialismo acompaño el pedido, pero avisó que no responderá a contrarreloj y usará el plazo normativo de 60 días hábiles.
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El planteo surge a partir de los expedientes iniciados por las firmas Ahora Voy SRL y Partarrie Distribuciones SAS, que denunciaron haber entregado mercadería al municipio sin contar con orden de compra ni acto administrativo de adjudicación válido, situación que –según manifestaron– les generó un perjuicio económico de magnitud.

Qué exige el pedido de informes

El texto aprobado por el Concejo Deliberante reclama al Ejecutivo que:

  • Remita copia certificada de todas las órdenes de compra y actas de recepción vinculadas con la licitación, o en su defecto, una declaración jurada de su inexistencia.

  • Informe sobre pagos, devoluciones o compensaciones efectuadas a las empresas, detallando fechas, montos y actos administrativos correspondientes.

  • Entregue copia íntegra de los expedientes N° 1359035 y N° 1359036 y de los decretos asociados.

  • Ordene a los funcionarios señalados –el subsecretario de Desarrollo Humano, Roberto Niez, y el jefe del Departamento de Compras, Luis Araujo– presentar informes personales en los que expliquen si esta modalidad de entrega anticipada se aplicó en otros casos, bajo qué instrucciones se actuó y qué medidas se tomaron para resguardar los fondos municipales.

  • Envíe copia certificada de todos los procesos de compra directa y licitaciones de 2025 en la Secretaría de Desarrollo Humano, especialmente los que involucraron a las firmas denunciantes.

  • Aclare si el Tribunal de Cuentas intervino o emitió observaciones sobre el caso.

  • Precise si el intendente tuvo conocimiento o participación en los hechos denunciados, o si los funcionarios actuaron por iniciativa propia.

El bloque advirtió que la situación denunciada constituye una práctica prohibida por la normativa vigente y podría configurar “un modus operandi ilícito” en perjuicio del patrimonio municipal. Además, recordaron que el hecho ya fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, donde se investiga la posible comisión de delitos como malversación de fondos, cohecho o tráfico de influencias.

“De confirmarse los hechos, estaríamos ante un verdadero escándalo institucional y financiero”, señalaron los concejales, subrayando que el pedido apunta a garantizar transparencia y resguardo de los fondos públicos.

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