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Una cadena de pagos tardíos en la obra pública obliga al Estado entrerriano a pagar intereses sobre intereses
Dos decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial dan cuenta que el Estado entrerriano pagó fuera de término certificados de obra pública —una de Paraná y otra de Concordia—, lo que dio lugar a intereses moratorios que también fueron abonados con demora y derivaron en nuevos intereses. Las deudas se vinculan a certificados emitidos en 2023 y 2024 y obligan ahora a nuevas liquidaciones para evitar un circuito interminable de reclamos.
Diana Slavkin
El Gobierno de Entre Ríos reconoció oficialmente que mantiene deudas vinculadas a certificados de obra emitidos a partir de 2023 con la empresa CEMYC S.R.L. por obras públicas ejecutadas en Paraná y Concordia, y que esas obligaciones fueron canceladas fuera de término, generando intereses moratorios que también terminaron siendo abonados con demora.
La situación quedó plasmada en dos decretos firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y publicados este miércoles en el Boletín Oficial, mediante los cuales se resolvieron recursos administrativos presentados por la empresa constructora.
Deudas que se arrastran desde 2023
Uno de los decretos refiere a la obra “Restauración y Puesta en Valor de las Fachadas de Casa de Gobierno – Etapa 3”, en la ciudad de Paraná. Allí se reconoce que los certificados de obra —entre ellos los N° 20 y 23 y varias readecuaciones provisorias— fueron abonados fuera de término, generando intereses que recién fueron liquidados en 2025, aunque sin contemplar el tiempo transcurrido hasta su efectivo pago.
El otro decreto corresponde a la obra “Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 25 ‘General San Martín’ de Concordia”, cuyos certificados de obra se remontan a los años 2023 y 2024. En este caso, los intereses moratorios reconocidos por el Estado fueron finalmente pagados el 22 de agosto de 2024, lo que generó nuevos intereses por la demora en cancelar esos accesorios.
DTO-2025-3871-E–GER-GOB
DTO-2025-3871-E–GER-GOB
El reconocimiento oficial
Los decretos dejan en claro que la Provincia incurrió en un mecanismo repetido: pago tardío de certificados → reconocimiento de intereses → pago tardío de esos intereses → nuevos reclamos.
Al respecto, la Fiscalía de Estado fue contundente al advertir que este sistema genera un “circuito interminable” de deudas si no se liquidan los intereses hasta el día efectivo de cancelación. “Si la Administración liquida los intereses moratorios hasta una determinada fecha y luego vuelve a demorar el pago de esos intereses, se siguen devengando más intereses sobre los saldos adeudados”, señala el dictamen citado en ambos decretos.
Qué acepta y qué rechaza
En el caso de la obra de Casa de Gobierno, el Gobierno hizo lugar parcialmente al recurso de la empresa. Por un lado, aceptó recalcular los intereses hasta el pago efectivo, pero rechazó el planteo de CEMYC de incluir las retenciones impositivas como base de cálculo de los intereses, al sostener que esos montos nunca ingresan al patrimonio del contratista.
En la obra de la escuela de Concordia, en cambio, el recurso fue aceptado en su totalidad, ordenándose una nueva liquidación de intereses y su pago inmediato.
Nuevo plazo y advertencia implícita
Ambos decretos establecen que, una vez notificada la empresa, el Departamento Costos de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones deberá practicar una nueva liquidación de intereses, descontando los montos ya abonados y actualizando el saldo.
En tanto, el Gobierno se impuso a sí mismo un plazo máximo de 15 días para efectuar el pago, en un intento por cerrar definitivamente expedientes que se iniciaron en 2023 y 2024 y continuaron tramitándose durante 2025.
Aunque formulados en lenguaje técnico, los decretos dejan en evidencia una práctica histórica en la obra pública provincial: demoras prolongadas en los pagos que terminan incrementando el costo final para el Estado —y para los entrerrianos en general— y abriendo la puerta a nuevos reclamos administrativos y judiciales.