Los trabajadores, identificados como Ramos y Grigolato, se desempeñaban como personal de seguridad en el barrio cerrado y fueron detenidos a partir de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2, mediante mandamiento N° 583, con fecha 11 de marzo de 2026. Ambos recuperaron la libertad el viernes 13.
Según explicó Cavallo, la diferencia en su situación procesal responde a decisiones de distintos jueces de Garantías. “Intervinieron dos jueces diferentes. En el caso de Ramos, el juez de Garantías Edwin Bastián dispuso una medida de coerción que le impide acercarse a menos de 50 metros del domicilio de Lombardo. En cambio, la doctora Gabriela Sero entendió que en el caso de Grigolato no corresponde ninguna medida, ya que no tiene relación alguna con el delito denunciado”.
En ese sentido, el letrado fue contundente al afirmar que no existen elementos que vinculen a sus defendidos con el robo. “No hay ninguna prueba dentro de la denuncia de Lombardo y fueron detenidos únicamente porque se encontró un arma en cada una de las viviendas de mis clientes, las cuales, ya se confirmó, son muy antiguas y no les pertenecen”.
Además, cuestionó el procedimiento policial: “Destrozaron las instalaciones de las viviendas durante los allanamientos”.
En cuanto a si Lombardo radicó una acusación puntual contra los agentes de seguridad, Cavallo aclaró que no tuvo acceso a la denuncia, por lo que desconoce si señaló a alguno de sus clientes como partícipe del hecho. No obstante, indicó que la casa cuenta con un importante sistema de alarmas: “Se habla de 17. Pero, de acuerdo a lo que dijeron mis clientes, cuando Lombardo llamó a seguridad esas alarmas estaban desactivadas y luego, al llegar, las activó”.
También aclaró: “La vivienda donde ocurrió el robo está alejada del resto, a unos 400 o 500 metros del lugar donde se encuentra el puesto de seguridad, y limita con el exterior del barrio”.
Trabajadores en situación irregular
Pero el conflicto no se limita a lo judicial. Según Cavallo, los empleadores ya iniciaron gestiones para despedir a ambos trabajadores. “Me llamaron del estudio vinculado a la administración de La Lomada para negociar los despidos, pero ya me negué. Mis clientes quieren seguir trabajando, en razón de haber cumplido con eficacia y honestidad su tarea”, afirmó.
En ese sentido, precisó que los empleados fueron contratados directamente por quién inicialmente administraba el barrio La Lomada, José Luis Fernandez, y no por una empresa de seguridad.
Según denunció, esas contrataciones presentan múltiples irregularidades: “Hay inconsistencias en la fecha de ingreso, figuran como personal de maestranza cuando en realidad cumplen funciones de seguridad. Están mal inscriptos”, remarcó.
Además, indicó que uno de los trabajadores cuenta con cinco años de antigüedad, percibe parte de su salario “en negro” y se encuentra registrado como empleado de media jornada.
En consecuencia, «si lo que pretenden es echarlos, están ante un despido discriminatorio y deberán afrontar la totalidad del daño que les provocan», advirtió. «Se los está tratando como responsables sin pruebas. Son los famosos perejiles”, concluyó.
8 comentarios
augusto
el que robo tiene 1000 años de perdon…. ahi son todos delincuentes arrancando por los abogados
Alberto J. Armando
O sea, los encargados de seguridad, cuya única función es mirar unas cámaras de seguridad y hacer rondas de recorrido para evitar robos, cuando fallan de manera por lo menos grosera (es raro que te desvalijen una casa, 45 minutos los tipos entrando y saliendo y no hayas detectado NADA, sospechoso????), y después hacen allanamientos y les encuentran cosas, resulta que ahora son ellos los que están demandando al barrio? Los patos le tiran a las escopetas? Qué barato es en este país ser chorro!!!
juan josé
hay olor a raro, por un lado un damnificado ms manchado que un tigre, en la otra esquina, el abogado equino que no es menos, Me solidarizo con los trabajadores por que sufriran las consecuencias de haberlo contratado
Alfonso
Un abogado de sospechoso accionar hace una supuesta denuncia por robo, ahí se destapa quién es realmente este sujeto y ahora los otros propietarios de La Lomada, van a tener que pagar dos jucios laborales. Se cree que viviendo en un barrio cerrado es más seguro, pero seguro es que tus vecinos sean unos mafiosos.
Fiscalechea
El Boga, CAballo y Jorge, que verga que son muchachos o muchacho. Se meten con las victimas de un terible delincuente entongado con lo peor de la justicia de la esta intendencia que hace agua.
El intendente y no maneja ni a funcionarios de cuarta como el director de discapacidad, que se fue con Jorge VAldez… Te das cuenta, se va con Jorge Valdez y los del Pro se han vuelto a juntar porque saben que este no solo no arranca, sino que ya es una tea humeante. LAs ratas huyem con los delincuentes, las arpías con las otras arpías para ver que carronean.
El BOGA
Curioso cómo en algunos casos la defensa de derechos parece venir con un cálculo paralelo de oportunidad económica. A veces da la sensación de que el problema deja de ser el hecho en sí y pasa a ser cuánto se puede exprimir de él. Una lástima, porque eso también erosiona la credibilidad de quienes sí ejercen la profesión con ética.
Cavallo
Típico! El abogado equino vio “barrio privado “ y seguro quiere forrarse de guita como sea a costa de los “perejiles”. Son todos iguales!
Jorge
A bueno ahora a cuidarse de los bogas , que currículum vitae … todos los actores ….