La preocupación oficial gira en torno a la continuidad de los puestos de trabajo y al impacto social que la crisis de la firma genera en la ciudad, donde alrededor de 900 trabajadores dependen de la actividad de la empresa. Según explicaron desde la administración provincial, el conflicto responde a “dificultades financieras” de la compañía y a una “escalada de conflictos laborales internos”, situación que derivó en medidas de fuerza por parte de los gremios ante incumplimientos en los pagos salariales.
Tras la reunión desarrollada en el Salón de los Gobernadores, de la que también participó la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que la Secretaría de Trabajo provincial convocó “de oficio” a una audiencia conciliatoria entre las partes, sin pedido previo de la empresa ni de los sindicatos.
“El objetivo es volver a acercar a las partes para acordar un cronograma de pagos seguro, prudente y de posible cumplimiento”, sostuvo el funcionario, en referencia a la negociación que se desarrollaba este jueves.
Desde el Ejecutivo remarcaron que no se trata de la primera intervención provincial en el conflicto. Durante 2025 ya se habían impulsado distintas instancias de negociación para evitar una paralización total de la planta y garantizar tanto la continuidad operativa como el pago de salarios.
En ese marco, Troncoso señaló que la Provincia viene manteniendo contactos con distintos actores involucrados en el conflicto: desde las autoridades empresariales y sindicales hasta organismos estatales. Además, indicó que se conformó una mesa de trabajo interministerial de la que participan también ATER y Enersa, con el objetivo de analizar alternativas para abordar la crisis.
Mientras continúan las negociaciones, el gobierno provincial dispuso además asistencia alimentaria para las familias afectadas por la situación. Según indicó el ministro, la ayuda se canaliza a través del Ministerio de Desarrollo Humano.
“El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados”, afirmó Troncoso. Y agregó que la gestión provincial entiende que debe estar “presente y al pie del cañón” para intentar encauzar el conflicto.
La expectativa oficial es que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo que reduzca la tensión en Concepción del Uruguay y garantice tanto la continuidad de la actividad como el cobro de salarios adeudados.