Garay recordó que a nadie tomó por sorpresa la situación dado que la empresa comenzó hace dos años con situaciones de conflicto, como la declaración del procedimiento preventivo de crisis, y de despidos encubiertos bajo la figura de retiros voluntarios. Antes tenía 1500 empleados pero cerró una de las dos plantas (Beccar) y se redujo la dotación obrera a 900.
El edil remarco que, del total de 900 personas que se están quedando sin empleo, no todas son propietarios del hogar en el que viven. “No pueden pagar el alquiler del lugar donde viven. No pueden hacer frente a eso”, dijo. Además, tienen familias, tiene hijos y no pueden comprar alimentos. En ese sentido, dijo que hay madres que se separaron de los empleados del frigorífico y necesitan que se les pague la cuota alimentaria para sus hijos. A su vez, no pueden afrontar el pago de los servicios básicos como electricidad, gas natural, etc.
Más adelante, dijo que son 900 personas cuyos sueldos, $ 1.400.000 de promedio, dejan de formar parte del circulante de la ciudad. Pero ahí no se agota la demanda de empleo sino que además están los productores de pollos, los transportistas y los cazadores e pollos. “Es toda una cadena económica que se ve resentida y frenada”, mencionó.
Ayer se analizó la situación en la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio quien, según palabras del ministro de Trabajo Manuel Troncoso, entiende que, si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado, entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados.
Troncoso señaló que la Provincia viene manteniendo contactos con distintos actores involucrados en el conflicto: desde las autoridades empresariales y sindicales hasta organismos estatales. Además, indicó que se conformó una mesa de trabajo interministerial de la que participan también ATER y Enersa, con el objetivo de analizar alternativas para abordar la crisis.
Pero Garay no se privó de cuestionar la ausencia de representantes del gobierno de la provincia ante la capacidad de acción limitada del municipio. “Solo se puede poner el hombro y el oído y acompañar en lo que se pueda”, dijo. Además, admitió que se trata de un conflicto de índole privada dado que se trata de una empresa perteneciente a un grupo económico muy importante, pero su situación tiene un impacto importante en la económica de la provincia y de la ciudad donde está asentada. Reclamó que haya un intermediario en Paraná que dialogue con el gobierno nacional para encontrar una salida. “Acá hubo gobernadores por nombrar uno, Jorge Busti, que se ponía al frente pero acá no hay nadie que se ponga al frente de la Provincia”, dijo.
Por otra parte, el concejal indicó que las indemnizaciones que pagó la empresa a los empleados que accedieron a los retiros voluntarios incrementó el empleo informal en la ciudad. “En una misma manzana donde había un kiosco ahora hay tres. Antes había una pollería, ahora hay dos. Donde había una despensa, ahora hay cuatro. Antes había 200 remisses y ahora hay 300. Es una forma de salvar la diaria pero hay menos circulante: no hay plata”.
Garay recordó que en 2001, Concepción del Uruguay fue una de las primeras ciudades en suscitarse los saqueos a los supermercados. Aun con esa situación límite, los frigoríficos siguieron adelante. “A menor escala pero había”, dijo. Ahora, ante la posibilidad de cierre de uno de los actores más importantes a nivel económico, la ciudad se enfrenta a un panorama complejo.
El Sindicato de la Alimentación defiende su accionar
El Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay indicó, a través de un comunicado, que la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de Granja Tres Arroyos no se debe a las medidas gremiales adoptadas. “Jamás fueron inflexibles ni desproporcionadas. Existió voluntad de diálogo desde el primer momento y las vías institucionales de negociación nunca fueron abandonadas por esta organización”.
“Por el contrario, explicaron que se trata del producto de las numerosas irregularidades en que viene incurriendo la patronal desde hace años, tales como el incumplimiento del convenio y la precarización laboral con políticas de ajustes, descargadas sobre las espaldas de quienes sostienen diariamente la producción y la falta de pago de los salarios en tiempo y forma”.
“Además, el sindicato desmiente las acusaciones difundidas en distintos medios de comunicación de alcance nacional por la patronal, que de manera irresponsable intenta responsabilizar al sindicato y a los legítimos reclamos gremiales por el cierre de la planta y la paralización de la actividad”.
“La situación de Granja Tres Arroyos no es consecuencia de la acción sindical, sino el resultado directo de la mala gestión empresarial y el desmanejo económico financiero que incurre en reiterados incumplimientos patronales, precarización laboral y políticas de ajuste”.
“Los trabajadores siempre acompañamos con esfuerzo y responsabilidad distintas propuestas para sostener la actividad. Sin embargo, lejos de resolver la situación, la patronal profundizó el ajuste mediante despidos, rebajas salariales, eliminación de adicionales e incumplimiento de acuerdos firmados”, mencionaron.
“Actualmente, la empresa mantiene impagas la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo de 2026. El plan de pagos propuesto unilateralmente por la patronal tampoco fue cumplido: solo se abonó una cuota y media. A esto se suman incumplimientos en el pago del aguinaldo, vacaciones adeudadas, retenciones no depositadas, falta de aportes a la obra social y no transferencia de las cuotas alimentarias ordenadas por gestión judicial”.
“Hoy existen trabajadores y trabajadoras que no pueden afrontar obligaciones básicas ni sostener a sus familias. Denunciamos también el sobreesfuerzo permanente impuesto por la reducción de personal y la negativa a sumar nuevos operarios, situación que pone en riesgo la salud física y mental de las y los compañeros”.
“Anunciamos que esto sucedería”
En tanto, desde el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU) manifestaron apoyo y solidaridad a los trabajadores como así también a todo el arco de trabajadores de la región que desarrollan su trabajo en la cadena productiva relacionada con ese Frigorífico.
“Esta lamentable situación lleva ya mucho tiempo atentando contra la seguridad económica y alimentaria de los trabajadores y sus familias, ha tenido varios capítulos desde hace ya más de un año y siempre hemos estado acompañando y respetando sus luchas”,
El MOSU recordó que, en cada momento de tensión los trabajadores y sus organizaciones sindicales han llevado responsabilidad en los conflictos, habiendo incluso cedido en derechos y condiciones laborales y salariales para que la empresa siguiera produciendo. “Pero en cada oportunidad GTA no ha cumplido los acuerdos firmados, llegando a este momento con una situación insostenible que implica el no pago de sueldos adeudados y cierre de la empresa en forma unilateral”.
Desde el Movimiento recalcaron que ese tipo de situaciones surgen al amparo de leyes como la Ley Bases y la reciente Reforma Laboral. “Anunciamos que esto sucedería y seguirá sucediendo, acá nos encontramos con una empresa que ha aprovechado los beneficios que le dan las leyes sancionadas por este gobierno y esta es la cuestión de fondo”.